(El País, 29-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El proceso extraordinario de regularización de personas migrantes cierra este martes el plazo para presentar solicitudes. La última cifra oficial disponible, a mediados de junio, situaba en unas 900.000 las peticiones registradas, de las que 360.000 ya habían sido admitidas a trámite, lo que da derecho a un permiso provisional de residencia y trabajo. A partir de ahí, la Administración dispone de tres meses para resolver cada expediente, aunque muchos ya han recibido una aprobación definitiva. No se conoce todavía cuántos han sido aceptados en firme ni si existen rechazos. El Ministerio de Migraciones prevé ofrecer esta semana nuevos datos sobre un procedimiento que arrancó el 15 de abril y que ha superado ampliamente el objetivo inicial del Gobierno, que esperaba aflorar el trabajo irregular de medio millón de personas y reconocerles los derechos vinculados a su situación legal.
Ese medio millón se ha quedado corto. A falta de los filtros y comprobaciones pertinentes, las solicitudes ya rondan los 1,3 millones, según los datos acumulados en la plataforma Mercurio, donde se van registrando las peticiones de todo el país, tanto las presentadas por despachos de abogados, ONG y sindicatos como las tramitadas por personas con certificado digital propio, algo menos habitual entre la población extranjera en situación irregular, salvo en el caso de quienes cuentan con protección por asilo humanitario. Por ahora, el Gobierno no confirma cifras y remite a los datos que hará públicos próximamente. La estimación coincide en parte con previsiones previas de Funcas, que habló de unas 840.000 personas en situación irregular, y con un informe de la Policía Nacional que calculaba que el proceso podría afectar a alrededor de 1,35 millones de personas. CEAR, una de las organizaciones más activas en el apoyo a esta regularización, afirmaba el lunes 15 de junio que ya se habían presentado un millón de solicitudes y que la cifra seguía creciendo. Según fuentes de la Administración del Estado, el recuento que arroja la aplicación de Extranjería es fiable, ya que cada expediente queda numerado de forma correlativa a medida que entra en el sistema.
"La población irregular es difícil de medir, pero la propia policía, que dispone de mejores datos, ya apuntó que superarían los 1,3 millones", explica María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas. "Esos son los posibles candidatos, aunque otra cosa será después qué criterios se apliquen para admitir o rechazar las solicitudes. Habrá margen de discrecionalidad por parte del personal encargado, en función de las instrucciones que reciba", añade. También advierte de que parte de las solicitudes podrían estar basadas en documentación falsa, como ocurre en cualquier proceso de este tipo. "Las cifras altas no nos sorprenden, pero sí existe incertidumbre sobre el resultado final", afirma.
La regularización nació de una iniciativa legislativa popular impulsada en 2024, que reunió más de 700.000 firmas y contó con el respaldo de cientos de entidades sociales, sindicatos, organizaciones empresariales y la Iglesia católica, con una implicación destacada de Cáritas. En un primer momento, el Partido Popular expresó su apoyo, aunque desde la aprobación del decreto -que no ha pasado por el Parlamento- ha pasado a criticar con dureza la medida, en términos muy similares a los utilizados por Vox. La izquierda, en cambio, ha mantenido una posición unida en torno al proyecto, fraguado tras un acuerdo entre el Gobierno y Podemos.
En los últimos días, no obstante, Sumar, socio del Ejecutivo, ha reclamado ampliar el plazo de regularización, alegando que hay miles de personas atrapadas en trámites burocráticos y pagando centenares de euros en procesos fraudulentos. Así lo ha denunciado su portavoz adjunta en el Congreso, Aina Vidal, quien también ha criticado el cobro de cantidades irregulares en consulados españoles sin que Exteriores haya ofrecido una solución. Además, ha reprochado a Interior que siga ejecutando deportaciones de personas que estaban a punto de presentar su solicitud.
La carrera por conseguir la documentación ha sido intensa. Las personas que entraron en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditan al menos cinco meses consecutivos de permanencia han tenido que reunir en poco tiempo todos los documentos necesarios para acogerse al proceso. Pronto se saturaron las oficinas de servicios sociales por la demanda de certificados de vulnerabilidad económica y social. Quienes no podían acreditar esa condición también podían acceder al procedimiento si demostraban tener hijos a cargo o un compromiso de contratación. Con todo, el trámite más lento ha sido la obtención del certificado de antecedentes penales en los países de origen, que en muchos casos ha tardado semanas o meses y sigue pendiente para numerosas personas.
La solicitud puede presentarse incluso sin ese certificado, siempre que se acredite que ya se ha pedido y no ha sido posible obtenerlo. En ese supuesto, el Gobierno puede solicitarlo por vía diplomática y se abre un plazo de tres meses para su aportación. Muchos solicitantes han preferido esperar a reunir toda la documentación antes de presentar la petición, pero, ante el cierre inminente del plazo, otros han optado por registrar la solicitud con el compromiso de aportar después los antecedentes, algo que el procedimiento permite. Sin ese documento, el expediente no podrá resolverse favorablemente.
Durante estas semanas, un amplio dispositivo de abogados, ONG y algunos sindicatos, como CC OO, ha estado volcado en sacar adelante la documentación. Todo el proceso se canaliza a través de la Plataforma Mercurio, dependiente del Ministerio de Política Territorial, del que también dependen las oficinas de extranjería. Es esa herramienta digital la que registra cada solicitud y devuelve un correo confirmando la inscripción y asignando un número, que en los últimos días no ha dejado de aumentar. Este periódico ha podido comprobar ese recuento con despachos de Madrid, Barcelona, Granada y Galicia, y el volumen que ofrece el sistema encaja con un proceso plenamente activo que ya supera los 1,3 millones de posibles beneficiarios.