(El País, 12-06-2026) | Laboral
Los empleados públicos con la condición de personal laboral en la Administración General del Estado han intensificado sus protestas ante el estancamiento de la negociación de su nuevo convenio colectivo, un proceso que acumula cerca de año y medio sin avances significativos. Esta situación mantiene bloqueadas diversas reivindicaciones relacionadas con sus condiciones laborales, entre ellas la implantación de la carrera profesional horizontal, la equiparación salarial con el personal funcionario y la agilización de los procesos de selección.
Ante esta falta de progreso, los sindicatos más representativos del colectivo, UGT, CC OO y CSIF, han comenzado a organizar movilizaciones para reclamar soluciones al Ministerio de Función Pública. CSIF inició la pasada semana una campaña de protestas con una concentración celebrada frente a la Secretaría de Estado de Hacienda en Madrid, denunciando tanto la paralización del convenio como las dificultades existentes en materia de jubilación parcial. Por su parte, UGT ha convocado una nueva concentración en el mismo lugar para continuar visibilizando las demandas del colectivo.
Según los datos oficiales, la Administración General del Estado cuenta con más de 82.000 trabajadores laborales. Sin embargo, las movilizaciones afectan principalmente a los cerca de 40.000 empleados incluidos en el actual Convenio Único, mientras que otros colectivos, como los de Correos, la Agencia Tributaria o el personal destinado en el exterior, se rigen por acuerdos específicos y quedan al margen de estas reivindicaciones.
Entre las principales preocupaciones de los representantes sindicales destaca el elevado número de vacantes existentes. Según los cálculos de UGT, de las más de 42.000 plazas contempladas en el convenio vigente, únicamente alrededor de 25.000 están cubiertas. Esta situación responde, según el sindicato, a la lentitud de los procesos de selección y a la falta de atractivo de las condiciones laborales ofrecidas.
Los sindicatos denuncian que miles de plazas incluidas en las ofertas públicas de empleo de los últimos años continúan sin convocarse, lo que dificulta la incorporación de nuevos trabajadores y agrava los problemas de personal en numerosos servicios públicos. A ello se suma la preocupación por la pérdida de poder adquisitivo de determinadas categorías profesionales, cuyos salarios se han aproximado progresivamente al salario mínimo interprofesional.
En este contexto, tanto UGT como CSIF reclaman una equiparación retributiva entre el personal laboral y los funcionarios que desempeñan funciones similares. Por su parte, CC OO ha defendido recientemente la necesidad de establecer un salario mínimo neto de 1.500 euros mensuales para todos los empleados públicos de la Administración estatal, argumentando que los bajos niveles salariales están provocando que una parte significativa de las personas que superan los procesos selectivos renuncien posteriormente a incorporarse a sus puestos.
Los representantes sindicales también alertan de que la falta de personal y el retraso en la cobertura de vacantes están incrementando la carga de trabajo de las plantillas y reduciendo la capacidad de la Administración para prestar determinados servicios con recursos propios. Según denuncian, esta situación favorece un mayor recurso a contrataciones y servicios externos para cubrir necesidades que antes se atendían directamente desde el sector público.
Otra de las reivindicaciones centrales es el desarrollo de la carrera profesional horizontal, un mecanismo que permitiría reconocer la experiencia, la formación y la trayectoria profesional de los trabajadores sin necesidad de cambiar de puesto o acceder a categorías superiores. Este sistema facilitaría mejoras salariales vinculadas a la progresión profesional dentro de una misma categoría, una demanda que el personal laboral considera prioritaria y que sigue pendiente de desarrollo en la negociación del nuevo convenio colectivo.