(El Economista, 19-11-2026) | Laboral
El nuevo incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aprobado por el Gobierno para 2027, tendrá una incidencia especialmente significativa en buena parte del territorio español. Desde enero, la remuneración mínima legal ascenderá a 18.004 euros brutos anuales, equivalentes a 1.286 euros mensuales en 14 pagas. Esta cantidad supera el 75% del salario medio de más de la mitad de las provincias españolas, según los datos de retribuciones correspondientes a 2025 publicados por la Agencia Tributaria.
Aunque el SMI se establece con carácter general para todo el país a partir de distintos indicadores económicos, su repercusión varía considerablemente entre territorios. Las diferencias en la estructura empresarial, la actividad económica y los niveles salariales hacen que el nuevo mínimo tenga un peso muy desigual en las nóminas. En algunas provincias, su cuantía se aproxima cada vez más a las retribuciones habituales de una parte importante de los trabajadores.
Los datos de Hacienda reflejan que el SMI representa más del 75% del salario medio en 28 provincias. Esta situación afecta a comunidades autónomas completas, como Andalucía, Extremadura y Murcia. También se observa en Castilla-La Mancha y Aragón, donde únicamente una provincia queda fuera de este grupo. Las organizaciones empresariales vienen advirtiendo de las consecuencias que puede tener esta convergencia entre el salario mínimo y las remuneraciones medias.
En el conjunto de España, el nuevo SMI equivale prácticamente al 70% del salario medio bruto. Desde 2018, cuando se situaba en 735 euros mensuales, la remuneración mínima ha aumentado hasta los 1.286 euros previstos para 2027, lo que supone un crecimiento acumulado superior al 75%. Esta evolución contrasta con la de otros niveles salariales, cuyos incrementos a través de la negociación colectiva han sido más moderados.
Las organizaciones empresariales consideran que esta evolución reduce el margen de actuación de los convenios colectivos, especialmente en las provincias donde el salario mínimo se aproxima a las retribuciones habituales de numerosos sectores. La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha advertido de que esta situación dificulta establecer diferencias salariales en función de la experiencia, la antigüedad o las responsabilidades asumidas. También limita la capacidad de las empresas para utilizar la negociación colectiva como instrumento de mejora de las condiciones laborales.
Desde CCOO y UGT, por el contrario, atribuyen esta situación al limitado crecimiento de los salarios en términos reales durante los últimos años, marcado por diferentes episodios inflacionistas. Ambos sindicatos recuerdan que en 2023 alcanzaron con CEOE y Cepyme un acuerdo para incrementar las retribuciones pactadas en convenio un 4% ese año y un 3% en 2024 y 2025. Sin embargo, estas recomendaciones no se han renovado en 2026 y tampoco se han trasladado íntegramente a las nóminas de todos los trabajadores.
Uno de los principales motivos de discrepancia es el mecanismo de absorción y compensación salarial. Esta práctica permite a las empresas reducir o eliminar determinados complementos, como los vinculados a la antigüedad o a la penosidad, cuando se producen incrementos del salario mínimo o de las retribuciones establecidas en convenio, siempre que se cumplan los requisitos legales. De esta manera, el aumento del salario base no siempre se traduce en una mejora equivalente de la remuneración total.
El Tribunal Supremo ha respaldado esta posibilidad al considerar que los distintos conceptos que integran la remuneración forman parte del salario y que no resulta obligatorio que cada incremento pactado se traduzca necesariamente en una subida del salario base. Esta interpretación ha sido cuestionada por CCOO y UGT, que consideran que la absorción de complementos puede reducir el efecto real de las mejoras salariales acordadas.
De hecho, ambas organizaciones condicionaron su respaldo a las últimas negociaciones del SMI a que el Gobierno modificase la regulación de estos mecanismos. Sin embargo, el Ejecutivo todavía no ha materializado ese compromiso y no parece que vaya a hacerlo antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. La medida tampoco cuenta con el respaldo del área socialista del Gobierno, vinculada al Ministerio de Economía.
Por otra parte, durante la legislatura el Ministerio de Trabajo ha defendido el objetivo de situar el salario mínimo en el 60% del salario medio, siguiendo las recomendaciones de la Carta Social Europea. Sin embargo, el departamento dirigido por Yolanda Díaz ha optado por tomar como referencia el salario medio neto, en lugar del bruto, para determinar el cumplimiento de ese umbral.
Esta metodología ha generado discrepancias, tanto entre los sindicatos como en el comité de expertos encargado de elaborar las propuestas de actualización del SMI. UGT también ha cuestionado el criterio utilizado, al considerar que la referencia al 60% debe analizarse atendiendo a las magnitudes salariales correspondientes. ºLa elección de una referencia neta explica que el nuevo salario mínimo alcance prácticamente el 70% del salario medio bruto, según los datos disponibles. El cálculo utilizado por el Gobierno no descuenta las cotizaciones a la Seguridad Social ni las retenciones del IRPF, una circunstancia que debe tenerse en cuenta al comparar las distintas magnitudes salariales.