(El País, 08-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles los dos reales decretos que reúnen el nuevo paquete de medidas del Gobierno para hacer frente a la crisis de la vivienda, aprobados el martes por el Consejo de Ministros. El primero, el más amplio, introduce algunos cambios respecto al texto que fue rechazado la semana pasada en el Congreso. Entre las principales novedades figuran la ampliación hasta finales de 2030 de las restricciones a determinadas compras de vivienda por parte de fondos y grandes tenedores, así como la obligación de presentar una tasación independiente que acredite que el precio de adquisición supera el 70% del valor de mercado. El nuevo marco también refuerza la protección de los inquilinos vulnerables ante los desahucios. Las medidas entrarán en vigor este jueves, un día después de su publicación.
La modificación más relevante afecta a la Ley de Arrendamientos Urbanos y, en particular, al mecanismo extraordinario para evitar el desahucio de hogares vulnerables. La nueva regulación amplía las obligaciones de las administraciones públicas, que deberán asumir no solo las rentas pendientes, sino también las costas judiciales. Además, si transcurren dos meses sin que la Administración haya abonado esas cantidades, quedará subrogada automáticamente en la deuda del inquilino y asumirá su posición frente al propietario. Mientras esto ocurra, el contrato no podrá extinguirse ni podrá ejecutarse el lanzamiento, reforzando así la protección de los arrendatarios en situación de vulnerabilidad.
El decreto también incorpora nuevas prórrogas extraordinarias para determinados inquilinos. Los arrendatarios que acrediten una situación de vulnerabilidad económica y social podrán ampliar sus contratos hasta un año, una extensión que los grandes tenedores deberán aceptar salvo que exista un nuevo contrato o concurra alguna de las causas previstas legalmente. Asimismo, se refuerzan las prórrogas en las zonas de mercado residencial tensionado y se amplían las garantías para los hogares que viven de alquiler.
Otra de las novedades es la regulación de la publicidad de los alquileres. Los anuncios deberán ofrecer información como el índice de referencia aplicable, los límites legales de la renta, la identificación de la vivienda y si el propietario tiene la condición de gran tenedor. El objetivo es aumentar la transparencia para quienes buscan una vivienda. Además, se refuerza la protección del parque público gestionado por Casa 47 mediante límites permanentes al precio de transmisión de los inmuebles y la obligación de inscribir estas restricciones en el Registro de la Propiedad, también para futuras ventas.
El nuevo texto mantiene asimismo la prórroga extraordinaria de los contratos de vivienda habitual que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Los inquilinos que estén al corriente de sus pagos podrán solicitar una ampliación automática por periodos anuales de hasta dos años, manteniendo las condiciones del contrato, salvo que las partes acuerden una renovación diferente o concurra una causa justificada de necesidad de la vivienda por parte del propietario.