(Expansión, 23-10-2026) | Fiscal
El Ministerio de Economía, dirigido por el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha aprobado la creación del Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La medida se formalizó mediante una orden ministerial publicada ayer, después de la aprobación del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2026-2030 y del anteproyecto de ley antiblanqueo que contemplaba la creación de una nueva autoridad supervisora.
El nuevo Consejo pretende convertirse en un espacio estable de colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado, con un marco normativo propio que permita coordinar sus actuaciones de manera permanente y estructurada, según explica el Ejecutivo.
Entre sus principales cometidos figura impulsar la cooperación entre las autoridades competentes y los sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. También promoverá la aplicación de sanciones financieras internacionales y facilitará el intercambio de información estratégica, táctica y operativa, tanto entre las administraciones y los sujetos obligados como entre estos últimos.
Asimismo, el órgano podrá elaborar informes, guías y recomendaciones para identificar los riesgos y las vulnerabilidades del sistema de prevención, además de plantear a las autoridades nuevas iniciativas, medidas y prioridades destinadas a reforzar su eficacia.
La orden ministerial establece que el Pleno estará integrado por un presidente y 21 vocales, y deberá reunirse al menos una vez al año. Además, podrá constituir un comité ejecutivo de hasta diez integrantes y crear comisiones técnicas para abordar tareas específicas, especialmente las relacionadas con el intercambio de información estratégica y operativa. Economía ha fijado un plazo máximo de un mes para constituir este órgano, por lo que su primera reunión está prevista antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. De este modo, el Gobierno pretende poner en marcha el mecanismo de cooperación antes de la cita electoral.
La creación del Consejo no debe confundirse con la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi), un organismo diferente cuya puesta en marcha estaba contemplada en el anteproyecto de ley antiblanqueo. La iniciativa legislativa también preveía ampliar el número de sujetos obligados a cumplir las normas de prevención, incorporando, entre otros, a los proveedores de servicios de criptoactivos, las plataformas de financiación participativa y los clubes de fútbol.
Según fuentes gubernamentales, la creación de la Anifi, concebida para concentrar las competencias de supervisión, inspección y sanción en materia de blanqueo de capitales en España, ha quedado paralizada tras la convocatoria de elecciones anticipadas y la retirada del anteproyecto. No obstante, el Ministerio de Economía podría retomar la iniciativa si Pedro Sánchez continúa al frente del Ejecutivo después de los comicios. En cualquier caso, el Gobierno que se forme tras las elecciones deberá adaptar la legislación española al paquete europeo de medidas contra el blanqueo de capitales, aprobado en 2024. El plazo límite para completar la transposición de las disposiciones que lo requieran finaliza el 10 de julio de 2027.