(El Economista, 10-11-2026) | Laboral
Las extinciones de contratos por despido y por no superar el periodo de prueba aumentaron un 4,03% durante los nueve primeros meses de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando el nivel más elevado de toda la serie histórica de la Seguridad Social, iniciada en 2013. A esta cifra se suman 802.497 bajas por no superar el periodo de prueba. En conjunto, ambos motivos de finalización de empleo suman alrededor de 1,6 millones de ceses, un 79% más que los registrados entre enero y septiembre de 2018, año en el que Mariano Rajoy dejó la presidencia del Gobierno y Pedro Sánchez llegó al poder.
Esta evolución trasciende los cambios políticos. Los tres gobiernos presididos hasta ahora por el dirigente socialista han impulsado una transformación de la legislación laboral respecto al modelo anterior, con la reforma de 2021 como principal referencia. Esta modificación favoreció especialmente la contratación indefinida. A este cambio normativo se ha unido un contexto económico distinto, caracterizado por un incremento del 23% en el número de asalariados y del 60% en el de trabajadores con contrato indefinido.
Sin embargo, este aumento del empleo estable no parece haberse traducido en una mayor protección frente a la pérdida del puesto de trabajo. Las condiciones para extinguir un contrato durante el periodo de prueba apenas han experimentado cambios. En cuanto a los despidos, se han ampliado algunos supuestos de nulidad, pero la mayor parte del marco normativo aprobado en 2012 continúa vigente.
La evolución de las estadísticas refleja esta situación: los despidos han aumentado un 57,5% respecto a 2018, mientras que las bajas por no superar el periodo de prueba se han incrementado un 107,3%. Después de registrar un ligero descenso en 2025, ambos indicadores han retomado la tendencia alcista y crecen en torno al 4% en lo que va de año.
Hay que destacar que ni siquiera durante la pandemia se alcanzaron cifras semejantes. Uno de los factores que lo explica fue la rápida puesta en marcha de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que permitió contener los ajustes de plantilla, aunque supuso un importante desembolso en prestaciones por desempleo.
Este incremento de las extinciones de empleo se produce, además, en un momento en el que la economía mantiene un ritmo intenso de creación de puestos de trabajo. En esta evolución influye especialmente el cambio en la composición del mercado laboral derivado de la reforma de 2021 y de la expansión de los contratos indefinidos. A diferencia de los temporales, estos contratos solo pueden finalizar mediante un despido o por la decisión empresarial de no superar el periodo de prueba.
Como consecuencia, las bajas por estas dos causas han ganado protagonismo entre los motivos de salida de la afiliación a la Seguridad Social, frente a las extinciones por finalización de contratos temporales. No obstante, estas últimas continúan siendo la causa más frecuente de baja, seguidas de los cambios de situación de los trabajadores fijos discontinuos cuando pasan a periodos de inactividad.
Precisamente, esta modalidad contractual debería contribuir a limitar los despidos, ya que permite interrumpir temporalmente la actividad y el salario durante las épocas de menor demanda, manteniendo la relación laboral a la espera de que la empresa vuelva a llamar al trabajador. Sin embargo, su utilización no parece estar evitando el aumento de las extinciones contractuales.
En 2018 se registraban, de media, 3,7 bajas por despido y otras tantas por no superar el periodo de prueba por cada mil trabajadores asalariados. En el mismo periodo de 2026, estos indicadores habían aumentado hasta 5,3 y 5,4, respectivamente. Esto supone que el riesgo de sufrir una extinción contractual se ha elevado un 48% en el caso de los despidos y un 41% en las bajas durante el periodo de prueba.
Uno de los argumentos utilizados por el Gobierno para explicar este comportamiento es el crecimiento de la contratación indefinida, que ha extendido esta modalidad a actividades que anteriormente se cubrían mediante contratos temporales. Este cambio genera un efecto estadístico de composición: los indicadores de extinción empeoran porque existen más empleos indefinidos, no necesariamente porque hayan perdido protección.
Sin embargo, los datos muestran que los despidos y las bajas durante el periodo de prueba han aumentado con mayor intensidad entre los trabajadores indefinidos. El menor peso de la contratación temporal, especialmente en las extinciones durante el periodo de prueba, ha contribuido a moderar el impacto global de esta evolución.
En concreto, la tasa de despidos entre los asalariados indefinidos ha pasado de 3,6 por cada mil trabajadores en 2018 a seis en 2026, lo que representa un incremento del 75,8%. La evolución de las bajas por no superar el periodo de prueba ha sido todavía más acusada: han pasado de 1,9 a 4,9 por cada mil empleados, un aumento del 141%.
Este comportamiento apunta a que el periodo de prueba podría estar utilizándose como una fórmula para mantener relaciones laborales indefinidas que, en la práctica, terminan convirtiéndose en empleos de muy corta duración. Una de las razones es que la empresa puede extinguir el contrato durante esta fase sin abonar indemnización, a diferencia de lo que sucede en otras modalidades de finalización de la relación laboral.
El incremento de estas bajas se produce pese a las actuaciones impulsadas por el Gobierno y las campañas de la Inspección de Trabajo dirigidas a detectar posibles abusos en la utilización del periodo de prueba. Sin embargo, los resultados de estas iniciativas parecen limitados. Durante 2025 únicamente se impusieron 333 sanciones, a pesar de que se superó el millón de extinciones contractuales por esta causa. Una cifra que podría volver a rebasarse en 2026.