(Expansión, 04-11-2026) | Fiscal
Un total de 23 de las principales organizaciones empresariales, financieras y profesionales de la Unión Europea han reclamado conjuntamente a los gobiernos comunitarios que eliminen la complejidad fiscal innecesaria. Las entidades firmantes, entre las que se encuentran BusinessEurope, AmCham EU, AFME, Eurochambres y SMEunited, consideran que el exceso de trámites y la fragmentación de las normas tributarias están restando competitividad a la economía europea y absorbiendo recursos que podrían destinarse a inversiones productivas, creación de empleo e innovación.
Según las estimaciones recogidas en la declaración, los costes derivados del cumplimiento de las obligaciones fiscales alcanzan los 8.600 millones de euros anuales. Las organizaciones advierten de que esta carga administrativa supone un obstáculo para las empresas europeas en un momento en el que Estados Unidos y China avanzan en ámbitos como la tecnología, la productividad y la innovación. A su juicio, el tejido empresarial del continente sigue condicionado por un marco normativo excesivamente complejo y fragmentado.
Las críticas se dirigen especialmente al Paquete de Simplificación Fiscal presentado por la Comisión Europea, que consideran una oportunidad decisiva para reducir las cargas que soportan las compañías. Bruselas se ha marcado como objetivo disminuir los costes administrativos un 25% para las grandes empresas y un 35% para las pequeñas y medianas. Sin embargo, las asociaciones empresariales temen que estas metas no se alcancen si los Estados miembros rebajan la ambición de la reforma durante su negociación.
Entre los problemas que señalan figura el sistema de retenciones fiscales en origen dentro del mercado único, que obliga a las empresas a pagar determinados impuestos para después solicitar su devolución, un procedimiento que puede prolongarse durante meses o incluso años y que genera importantes costes administrativos. También cuestionan que las compañías tengan que aportar repetidamente información y certificados que ya obran en poder de las propias administraciones tributarias.
Las organizaciones firmantes han advertido a los ministros de Economía y Finanzas de la UE de que el proceso de negociación no debe desvirtuar las medidas propuestas por la Comisión. Consideran que las exigencias de recaudación y los mecanismos de control del fraude no pueden convertirse en argumentos para mantener o recuperar obstáculos burocráticos. Por ello, reclaman que cualquier acuerdo final permita avanzar hacia un sistema más sencillo que el actual y conserve los objetivos iniciales del paquete legislativo.
La iniciativa cuenta con el respaldo de representantes de distintos ámbitos, desde el sector bancario y los inversores de capital privado hasta las asociaciones de pequeñas empresas, los profesionales de la contabilidad y los asesores fiscales. Todos coinciden en que simplificar las obligaciones tributarias no significa reducir la lucha contra el fraude, sino mejorar el funcionamiento del mercado único y facilitar la actividad empresarial. Esta reivindicación tiene especial relevancia para España, donde las pymes representan más del 99% del tejido empresarial y soportan, además de las exigencias comunitarias, una importante carga burocrática derivada de la normativa estatal y autonómica.