(El Economista, 05-05-2025) | Fiscal
La recaudación por el impuesto de Sucesiones registró una caída del 5,3%, la mayor reducción interanual desde 2018, excluyendo el año 2020, claramente afectado por la pandemia. Esta disminución fue generalizada en todas las comunidades autónomas, salvo en Canarias. El análisis de la evolución del impuesto sobre herencias muestra una tendencia descendente en los últimos años, interrumpida solo de forma puntual por situaciones excepcionales.
Por ejemplo, en 2022 cayó un 0,9%; en 2021 experimentó un fuerte incremento del 44,5%, resultado de la elevada mortalidad por COVID-19 en 2020, lo que provocó que muchas herencias tributasen al año siguiente. En 2020, sin embargo, los ingresos ya habían bajado un 5,1%. En 2019 se observó una ligera subida del 0,5%, precedida por una caída del 2,6% en 2018. En general, salvo excepciones como la de 2021, los aumentos han sido modestos y esporádicos frente a descensos más pronunciados.
Este comportamiento está directamente relacionado con las bonificaciones fiscales aplicadas por la mayoría de las comunidades autónomas, muchas de las cuales ya estaban vigentes antes de las elecciones regionales de 2023. Según la Inspección General de Hacienda, los ingresos totales por Sucesiones y Donaciones en 2023 alcanzaron los 3.011 millones de euros.
El informe también destaca que en Navarra la recaudación por Sucesiones cayó un 13,8%, a pesar de que en 2017 el Ejecutivo foral incrementó los tipos y no los ha modificado desde entonces. Cabe recordar que los datos corresponden a 2023, año en que se celebraron elecciones autonómicas y municipales, y tras las cuales el Partido Popular asumió el gobierno en 11 de las 17 comunidades. En todas ellas se impulsaron medidas para reducir impuestos, especialmente los que gravan herencias y donaciones. El PP ha defendido incluso la supresión total del impuesto, argumentando que su eliminación no afectaría de forma significativa a la recaudación general.
A partir de 2024, varias comunidades gobernadas por el PP han intensificado estas bonificaciones, por lo que se prevé que los ingresos por este concepto disminuyan aún más respecto a los ya reducidos niveles de 2023. Ante esta situación, el Gobierno central, responsable de la legislación básica de los tributos cedidos a las autonomías, ha iniciado acciones. En junio de 2024, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció su intención de establecer una "armonización fiscal" en Sucesiones y Donaciones, lo que implicaría fijar un tipo mínimo obligatorio para todas las comunidades. Aunque esta propuesta cuenta con el respaldo de Sumar, Podemos y ERC, su tramitación aún no ha comenzado debido a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2025.
Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, un tipo mínimo común permitiría incrementar la recaudación hasta 27.000 millones de euros, nueve veces más que los actuales 3.000 millones. José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), señaló que esta medida ya fue recomendada por el comité de expertos para la reforma fiscal en 2022.
En cuanto al impuesto sobre el Patrimonio, el informe muestra que en 2023 los ingresos descendieron un 8,3%, alcanzando los 1.313 millones de euros. Al igual que con Sucesiones, la causa principal es la aplicación de bonificaciones del 100% en muchas autonomías. No obstante, a diferencia del tributo sobre herencias, el de Patrimonio ha tenido una evolución más estable durante la última década, con ligeras subidas en la recaudación.
Fue en 2022 cuando el Gobierno detectó con preocupación la creciente bonificación del impuesto en comunidades gobernadas por el PP, que desde mayo de 2023 se volvieron mayoría. Para los populares, el impuesto sobre el Patrimonio es obsoleto y supone una doble imposición frente al IRPF. Por este motivo, desde 2023 entró en vigor el Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas (ISGF), de ámbito estatal, dirigido a patrimonios superiores a 3,7 millones de euros. Como respuesta, varias autonomías recuperaron el impuesto sobre el Patrimonio para evitar que toda la recaudación fuera al Estado.
Ambos tributos -Patrimonio e ISGF- se combinan ahora: primero se paga a la comunidad y después el contribuyente deduce esa cantidad del ISGF. No obstante, la recaudación por este último ha sido modesta. En 2023 se ingresaron 619 millones de euros, de los cuales el 89% provinieron de la Comunidad de Madrid. En los primeros ocho meses de 2024, los ingresos sumaban apenas 38 millones. Hacienda atribuye esta fuerte caída a los cambios normativos aplicados por las autonomías.
Según Mollinedo, aunque aún no hay datos completos desde agosto de 2024, es evidente que los ingresos fiscales por Patrimonio y Grandes Fortunas no han recuperado el nivel previo, pese a contar ahora con dos impuestos dirigidos al mismo segmento de contribuyentes.