(El Confidencial, 09-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Instituto de Crédito Oficial (ICO), la entidad financiera pública sobre la que el Gobierno pretende articular el denominado fondo soberano español, prepara un refuerzo de su estructura mediante la incorporación de nuevos profesionales especializados y la contratación de asesoramiento externo. El Ejecutivo estudia utilizar parte de los fondos europeos aún no ejecutados para incrementar el capital del ICO y ampliar así su capacidad de financiación e inversión. Aunque se ha popularizado la expresión "fondo soberano", el proyecto se centra en fortalecer financieramente al banco público que preside Manuel Illueca para dotarlo de una mayor capacidad de actuación en ámbitos estratégicos de la economía.
Antes de abordar esta nueva etapa, el organismo debe gestionar el importante volumen de préstamos avalados concedidos durante los últimos años. Entre ellos destacan las líneas puestas en marcha durante la pandemia, cuyos vencimientos se prolongan hasta 2028, así como los programas de apoyo vinculados a la guerra de Ucrania, los efectos de la dana y las medidas adoptadas frente al impacto de los aranceles internacionales.
Desde el inicio de la pandemia, el ICO se ha consolidado como uno de los principales instrumentos financieros del Estado para respaldar a empresas y autónomos, participando en la movilización de más de 120.000 millones de euros mediante avales públicos y otras líneas de financiación. Con el objetivo de supervisar adecuadamente esta cartera, la entidad ha licitado un contrato de asistencia externa valorado en 3,6 millones de euros. El servicio estará destinado al seguimiento y control de más de 530.000 operaciones avaladas por el Estado, cuyo saldo pendiente ronda los 40.000 millones de euros.
La nueva adjudicación sustituirá al contrato actualmente prestado por PwC desde 2021. En esta ocasión tendrá una duración de cinco años sin posibilidad de prórroga y entrará en vigor el próximo 19 de octubre, coincidiendo con la finalización del acuerdo vigente. El futuro adjudicatario deberá supervisar no solo los programas vinculados a la pandemia, sino también las líneas de apoyo relacionadas con la guerra en Ucrania, los nuevos mecanismos creados frente a posibles medidas arancelarias de Estados Unidos, los avales aprobados tras la dana y cualquier otro programa de garantías públicas que pueda aprobar el Gobierno durante la vigencia del contrato.
Esta cláusula permite al ICO disponer de un sistema de control permanente para futuras actuaciones sin necesidad de convocar nuevas licitaciones cada vez que se aprueben nuevas líneas de financiación pública. Entre las funciones previstas figuran la revisión de los procesos de recuperación de deuda realizados por las entidades financieras, la comprobación de impagos, el seguimiento de procedimientos concursales, el análisis de créditos fallidos y la verificación de que los bancos cumplen correctamente con las obligaciones de gestión y recuperación de los préstamos avalados.
Además, el adjudicatario elaborará informes periódicos sobre la evolución de la cartera y podrá intervenir en determinadas actuaciones de recuperación cuando las entidades financieras decidan abandonar los procedimientos de cobro, incluyendo negociaciones amistosas, acuerdos de pago o procesos de refinanciación.
Las exigencias establecidas en el concurso apuntan principalmente a grandes firmas de consultoría, auditoría y servicios profesionales. Los candidatos deberán acreditar experiencia previa en al menos tres contratos similares relacionados con el control de ayudas públicas, subvenciones o programas de financiación, por importes superiores a 500.000 euros, así como una facturación anual mínima de 900.000 euros. Asimismo, deberán disponer de un equipo de al menos diez profesionales con experiencia específica en este tipo de servicios, un requisito que reduce significativamente el número de posibles adjudicatarios y sitúa a las principales consultoras y auditoras del mercado entre las mejor posicionadas para optar al contrato.