(Expansión, 16-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Hasta el 31 de marzo, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) había concedido avales por un total de 516,74 millones de euros dentro del programa destinado a apoyar a los sectores afectados por la DANA. Esta cifra representa apenas el 10,3% del límite máximo establecido inicialmente para esta línea de avales, que asciende a 5.000 millones de euros.
Estos datos aparecen en un artículo publicado por el Banco de España en su Revista de Estabilidad Financiera, en el que se analiza el impacto de la DANA en el sistema financiero. En total, se han formalizado 2.074 operaciones con un importe medio cercano a los 249.000 euros, siendo la mayoría de las concesiones realizadas a partir de febrero de 2025.
Según el organismo, el volumen utilizado hasta esa fecha supone aproximadamente el 42% del importe de los dos primeros tramos aprobados por el Gobierno (de 1.000 y 240 millones de euros), y apenas un 1,9% del crédito total destinado a hogares y empresas en las zonas más afectadas por la DANA hasta septiembre de 2024.
El Banco de España señala que el programa cuenta con una "amplia capacidad disponible" para cubrir nuevas solicitudes en lo que resta de 2025, si fuera necesario. El artículo concluye que el efecto de la DANA sobre la estabilidad financiera ha sido "muy limitado" hasta el momento, aunque recomienda seguir vigilando su evolución ante posibles deterioros futuros.
El ICO comenzó a gestionar esta línea de avales en noviembre de 2024, con el objetivo de facilitar liquidez a hogares, autónomos y empresas, ayudando a reactivar la actividad económica cuanto antes. La iniciativa se enmarca en el paquete de medidas que el Gobierno puso en marcha tras las intensas lluvias de octubre y noviembre de 2024, que afectaron sobre todo a la provincia de Valencia.
Este programa, gratuito tanto para los beneficiarios como para las entidades bancarias, permite solicitar avales del Estado por hasta el 80% del importe financiado, siempre que las operaciones se formalicen antes del 30 de noviembre de 2025. Además de adelantar las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) u otras ayudas públicas, los fondos pueden destinarse a cubrir inversiones o necesidades de circulante que ayuden a recuperar la actividad económica.