(El País, 22-04-2026) | Laboral
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está ultimando un real decreto ley que permitirá reactivar la jubilación parcial de miles de trabajadores públicos con contrato laboral. Este tipo de retiro había quedado bloqueado desde abril de 2025, cuando un cambio normativo empezó a exigir que los empleados relevistas fueran contratados de forma indefinida y a jornada completa, algo que las administraciones no han podido aplicar hasta ahora. Como consecuencia, alrededor de 700.000 empleados públicos -especialmente en ayuntamientos y universidades- han visto paralizadas sus opciones de jubilación anticipada parcial.
La aprobación de este decreto ha sido uno de los temas tratados en la reunión reciente de la mesa de diálogo social sobre pensiones y gestión de bajas laborales, en la que participan Gobierno, sindicatos y empresarios. Este foro llevaba dos meses sin avances debido a la negativa sindical a seguir negociando hasta resolver dos cuestiones: el bloqueo de estas jubilaciones parciales y la aplicación de los coeficientes reductores en pensiones anticipadas de cuantía elevada.
Este último punto ya se ha solucionado mediante una instrucción del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que aclara cómo deben calcularse estas prestaciones y prevé revisar las concedidas desde principios de año. En cuanto a la jubilación parcial, el nuevo decreto recogerá previsiblemente un acuerdo alcanzado entre los sindicatos y los ministerios implicados. Este contempla dos vías para cumplir la exigencia legal sobre los relevistas: contratar a personas que ya hayan superado procesos selectivos o incorporar interinos vinculados a futuras ofertas de empleo público.
En principio, la norma se centrará únicamente en resolver la situación del personal laboral de las administraciones, que es el único colectivo que tiene regulada esta modalidad de jubilación anticipada, la cual permite reducir la jornada y el salario durante los últimos años de actividad mientras otro trabajador cubre la parte restante. No obstante, los sindicatos han pedido que también se extienda este derecho al resto de empleados públicos, como funcionarios o personal interino, algo que ya se acordó anteriormente pero que sigue pendiente en el Parlamento.
Desde el ámbito sindical se insiste en que el decreto debe limitarse a medidas ampliamente consensuadas y sin controversia, para garantizar su aprobación en el Congreso. En este sentido, el Gobierno valora incluir también algunos cambios relacionados con la gestión de las bajas laborales, aunque los sindicatos prefieren que esos temas más complejos sigan negociándose aparte.
Entre las propuestas con mayor consenso figuran el reconocimiento de pensiones de viudedad en parejas no formalizadas pero con convivencia acreditada e hijos en común, así como la posibilidad de aplicar coeficientes de jubilación anticipada sin penalización a los tripulantes de cabina en el sector aéreo.
Por otro lado, los sindicatos han planteado reformas más ambiciosas en la gestión de las incapacidades temporales. Entre ellas, proponen que las mutuas colaboradoras pasen a tener un carácter plenamente público y que asuman el tratamiento completo de determinadas enfermedades laborales, especialmente musculoesqueléticas, incluso cuando exista duda sobre su origen. Posteriormente, si se determina que no están relacionadas con el trabajo, podrían reclamar los costes al sistema público de salud.
El Ministerio se ha comprometido a presentar una nueva propuesta sobre estas cuestiones teniendo en cuenta las aportaciones recibidas. Sin embargo, desde el lado empresarial no se perciben avances significativos en la negociación, que continúa generando incertidumbre entre las partes.