(El Confidencial, 09-05-2024) | Fiscal
A mediados de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordenó suspender las negociaciones de los presupuestos generales del Estado. La razón principal fue el adelanto de las elecciones en Cataluña, que comprometía la posibilidad de obtener el respaldo de Esquerra y Junts a las cuentas públicas. Esta decisión generó preocupación, especialmente expresada por Sumar, cuya vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lamentó la determinación del presidente. Aunque es inusual que el presidente desista sin intentarlo, en este caso la causa no era tan crucial.
Los presupuestos, desde una perspectiva práctica, son relevantes solo estéticamente, ya que un gobierno puede llevar a cabo su política fiscal sin dificultad mediante ampliaciones de créditos en los presupuestos vigentes. Este año, el Gobierno ha aprobado ampliaciones por un total de 10.000 millones de euros en los primeros tres meses, según datos publicados por la Intervención General de Estado hasta marzo. Esto ha aumentado el margen de gasto del Estado a 391.000 millones para este año, sin considerar las actualizaciones necesarias de las transferencias a otras administraciones públicas ni el aumento salarial de los empleados públicos. Estas ampliaciones de crédito no requieren aprobación parlamentaria, lo que significa que la fragilidad de los apoyos del Gobierno no obstaculiza la ejecución del presupuesto deseado.
Estas ampliaciones de crédito han permitido al Gobierno incrementar el gasto del Estado sin necesidad de unos nuevos presupuestos generales. En el primer trimestre del año, el gasto del Estado aumentó un 3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este aumento se refleja en el incremento de los gastos de personal en un 6,6%, así como en los pagos realizados por el Ministerio de Defensa, que aumentaron un 45%, y en los 240 millones destinados a los partidos políticos para financiar campañas electorales.
La Autoridad Fiscal ha advertido sobre esta tendencia, que está cada vez más presente, de gobernar sin presupuestos. Esto se debe a que esta forma de ejercer el poder ejecutivo es menos transparente, ya que el Gobierno no está obligado a detallar el destino de las ampliaciones de crédito ni necesita la aprobación del Parlamento. Por lo tanto, el principal valor de los presupuestos no radica tanto en facilitar la ejecución de la política fiscal como en permitir la supervisión del Gobierno.
En resumen, los presupuestos son fundamentales para la disciplina y la rendición de cuentas del Gobierno. Por lo tanto, hay pocos incentivos para que un gobierno se arriesgue a presentar unos presupuestos si existe el riesgo mínimo de ser rechazados en la votación parlamentaria. La mitad de los 10.000 millones destinados a las ampliaciones de crédito presupuestario se utilizará para transferencias de capital, es decir, para inversiones.
Esto incluye un aumento significativo en la inversión en investigación, desarrollo, innovación y digitalización, así como en infraestructuras y ecosistemas resilientes. Además, se han asignado fondos adicionales para subvenciones al transporte y políticas de protección social, lo que sugiere que las modificaciones presupuestarias continuarán durante el resto del año para ejecutar la política fiscal del Gobierno.