(El Economista, 23-10-2025) | Laboral
El Ministerio de Seguridad Social ha propuesto una reforma profunda en la estructura de gobierno de las mutuas colaboradoras, entidades privadas encargadas de gestionar prestaciones públicas como las bajas por incapacidad temporal. Esta medida se recoge en el último documento remitido a los agentes sociales el pasado lunes, en un contexto de creciente aumento de las bajas laborales, lo que ha llevado al Ejecutivo a reforzar los mecanismos de control. Según el texto, al que ha tenido acceso elEconomista.es, el objetivo es incorporar dos representantes de la Administración en la junta directiva de las mutuas, quienes podrán participar con voz pero sin voto.
En concreto, el Ministerio propone añadir dos nuevas disposiciones al artículo 87 de la Ley de Seguridad Social. La primera contempla la incorporación de un representante de la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS) tanto en la junta directiva como en la comisión de auditoría. La segunda plantea incluir también a un representante de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS). En ambos casos, los representantes públicos asistirían con derecho a voz, pero sin capacidad de voto.
Otra novedad destacada del documento es la participación de sindicatos y patronal en los órganos de gobierno de las mutuas. La propuesta abre la puerta a incluir cuatro miembros externos sin voto: hasta dos representantes empresariales y dos sindicales. Los nombres de estos representantes deberán ser comunicados al Ministerio por las respectivas organizaciones. Sin embargo, la iniciativa elimina la actual Comisión de Control y Seguimiento, en la que los agentes sociales sí tienen presencia activa.
En la normativa vigente, la junta directiva -compuesta por entre 10 y 20 empresarios asociados- ejerce el gobierno directo de la mutua. De estos miembros, un 30% debe corresponder a empresas con mayor número de trabajadores, además de contar con un autónomo adherido y un representante de los empleados.
La propuesta actual amplía el borrador que el Ministerio presentó en junio, cuando ya se había adelantado la intención de "reforzar la gobernanza, dirección y tutela" de estas entidades, aunque sin detallar medidas concretas. En aquel momento, se defendía la participación de Seguridad Social, empresarios y sindicatos en la supervisión de las mutuas, dada la naturaleza pública de las funciones y recursos que gestionan.
Esta nueva iniciativa se interpreta también como un gesto hacia los sindicatos, tras el debate abierto sobre la reincorporación progresiva de trabajadores con enfermedades graves o de larga duración, una medida que ha generado reservas entre los representantes laborales. No obstante, las mutuas rechazan la propuesta, alegando que su naturaleza privada les otorga autonomía para decidir en sus órganos de gobierno. Además, advierten de que la intervención de la Administración y los agentes sociales ralentizaría la toma de decisiones y aumentaría los costes empresariales por incapacidad temporal.
Conviene subrayar que este documento no supone aún un acuerdo en el marco del diálogo social y que, al implicar una modificación de la Ley de Seguridad Social, requeriría la aprobación del Congreso de los Diputados.
La propuesta del Ministerio llega en un momento en que las bajas médicas han aumentado un 15% en el último año. En comparación con el primer trimestre de 2019, el número de horas no trabajadas por incapacidad temporal ha crecido un 78%, según datos oficiales. Además, la asociación de mutuas (AMAT) estima que el coste total de la incapacidad temporal alcanzará los 32.799 millones de euros en 2025, de los cuales más de la mitad será asumida por las empresas.
Dentro del mismo paquete de reformas, el Ministerio también ha propuesto devolver a las mutuas la capacidad de emitir el alta médica en bajas superiores a un año, así como la vuelta progresiva al trabajo para ciertos procesos graves. A esto se suma la creación de una Unidad Central de Evaluación de Incapacidades, formada por equipos integrados por un presidente (funcionario del INSS) y dos vocales (un médico inspector y un especialista en salud laboral).
Finalmente, el texto especifica las patologías que podrían acogerse a la reincorporación gradual: procesos oncológicos, cardíacos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves y otras enfermedades de gravedad similar.