(El Periódico, 03-02-2026) | Laboral
La falta de una mayoría clara de izquierdas en el Congreso obliga al Gobierno a maniobrar de forma constante para mantener los equilibrios parlamentarios. El decreto que incluía la prórroga del escudo social y la actualización de las pensiones es un ejemplo evidente de esta situación. La iniciativa fue rechazada por la Cámara con los votos de PP, Vox y Junts. Tanto los populares como los posconvergentes criticaron que en un mismo texto se uniera la subida del 2,7% de las pensiones medias con la ampliación de la suspensión de desahucios para familias vulnerables hasta que se les ofreciera una alternativa habitacional. Tras ese revés, el Ejecutivo negocia a contrarreloj para recuperar el decreto y se plantea dividirlo con el fin de garantizar que cerca de diez millones de pensionistas no sufran recortes en su paga de febrero.
Fuentes gubernamentales al tanto de las conversaciones consideran viable presentar las medidas por separado, tal y como reclama Junts. Se trata de un cambio relevante respecto a la postura de la semana anterior, cuando el objetivo era mantener el decreto íntegro, una exigencia defendida por el socio minoritario de la coalición. La intención del Gobierno es aprobar un nuevo decreto en el Consejo de Ministros de este martes o, como máximo, en el de la próxima semana. El presidente Pedro Sánchez fue tajante este domingo en un acto en Teruel, donde apoyó a la candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, al asegurar que las pensiones se actualizarán "en cualquier caso, con o sin el PP".
Aunque el Ejecutivo se muestra dispuesto a separar el contenido del decreto ómnibus para votarlo por partes y minimizar riesgos, su prioridad sigue siendo sacar adelante el conjunto de las medidas. Además de la revalorización de las pensiones y la prórroga del escudo social -que incluye la prohibición de desahucios y de cortes de suministros a hogares vulnerables-, el texto contemplaba la actualización de las entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales, así como rebajas fiscales para los afectados por la dana y los incendios del pasado verano.
Desde Moncloa insisten en que su objetivo es impulsar un decreto de medidas sociales que cuente con un respaldo amplio en el Congreso. Para ello, las negociaciones se centran en lograr el apoyo de Junts, aunque cualquier concesión a esta formación puede complicar el respaldo de otros socios del bloque progresista. Ya la semana pasada, fuentes parlamentarias de uno de los grupos más favorables a la prórroga del escudo social advertían de que, si el Gobierno ofrecía acuerdos que también podría suscribir el PP, el eje de la izquierda perdería peso en la ecuación.
El PSOE trata de atraer a Junts en el ámbito de la vivienda mediante fórmulas que refuercen la seguridad de los propietarios frente a posibles impagos del alquiler, tanto con más recursos económicos como con procedimientos más ágiles. El Consejo de Ministros ya reservó 300 millones de euros para avales estatales con este fin. Estas ayudas, destinadas a cubrir impagos en alquileres de jóvenes y colectivos vulnerables, ya estaban previstas en el Plan Estatal de Vivienda, pero ante su retraso se aprobaron por decreto el pasado diciembre y ahora cuentan con dotación presupuestaria.
El texto establece que el aval cubrirá todas las rentas impagadas hasta que el propietario recupere la vivienda, así como los daños ocasionados en el inmueble por el inquilino, los suministros asumidos por la propiedad y otros costes que se determinen reglamentariamente. Con ello, el Ejecutivo busca un equilibrio entre la protección de las familias vulnerables y las garantías para los arrendadores.
Otro elemento clave en la negociación es la posible delegación de competencias en materia de inmigración a Catalunya, tras la disposición de Podemos a levantar su veto a cambio del acuerdo alcanzado con el Gobierno para una regularización rápida de hasta medio millón de migrantes. El desbloqueo de esta cuestión pasa ahora por modificar el preámbulo del proyecto, una opción que Junts estaría dispuesto a aceptar y que Podemos exige para apoyar la iniciativa, eliminando referencias que considera de carácter racista.
En el Gobierno consideran que existe margen de entendimiento con Junts, al entender que sus críticas al escudo social no coinciden con el enfoque del PP. A los populares les reprochan vincular a las personas vulnerables que no pueden afrontar puntualmente el alquiler con comportamientos delictivos. Entre los argumentos que Junts compartió con el PP para votar en contra del decreto estuvo la mezcla de estas medidas con la subida de las pensiones, algo que calificaron de chantaje. "Pensiones, sí; ocupaciones, no. No pueden forzarnos a apoyar que no se pueda actuar cuando te ocupan una vivienda y no pagan el alquiler",