(El Economista, 21-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que contempla la concesión de 180 millones de euros en ayudas directas a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado al amparo de la Ley de Vivienda de 2023. El reparto se realizará en función del número de zonas declaradas en cada territorio. Cataluña recibirá la mayor cuantía, con 119,4 millones de euros para sus 271 municipios incluidos en esta categoría. A continuación figuran el País Vasco, con 31 millones para 18 municipios; Navarra, con 13,3 millones para 21 municipios; Galicia, con 10,2 millones para A Coruña y Santiago de Compostela; y Asturias, con 5,9 millones para cinco municipios. Las comunidades que no aplican la legislación estatal han quedado excluidas de estas ayudas.
La financiación se distribuirá entre los 317 municipios declarados zonas tensionadas en estas cinco comunidades autónomas, donde residen más de nueve millones de personas, según ha explicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Rodríguez ha señalado que el reparto tiene en cuenta tanto la población afectada por la declaración de zona tensionada como el esfuerzo económico que realizan los hogares para pagar el alquiler. De esta manera, los territorios con más residentes afectados y mayores dificultades para afrontar las rentas recibirán una mayor financiación.
La ministra ha defendido que declarar una zona de mercado residencial tensionado no significa reconocer una situación favorable, sino identificar un problema que necesita medidas extraordinarias. Entre las actuaciones que permite esta declaración figuran la limitación de las subidas del alquiler al finalizar los contratos y las bonificaciones fiscales para los propietarios que reduzcan las rentas.
En la misma reunión, el Gobierno ha aprobado subvenciones directas por un importe de 45 millones de euros para financiar la construcción, ampliación o rehabilitación de residencias universitarias en siete ciudades españolas. En una primera fase, los proyectos permitirán habilitar cerca de 2.000 nuevas plazas para estudiantes, docentes e investigadores.
Las ayudas se distribuirán entre la Universidad Autónoma de Madrid, que recibirá 13,36 millones de euros; el campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha, con 8,19 millones; la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, con 6,5 millones; la Universidad de Burgos, con 5,94 millones; la Universitat Jaume I de Castellón, con 4,45 millones; la Universidad de Jaén, con 3,56 millones; y el Ayuntamiento de Lleida, que percibirá 2,97 millones.
Rodríguez ha explicado que la iniciativa busca facilitar el acceso a la vivienda universitaria, especialmente para los jóvenes que se ven obligados a renunciar a estudiar en la universidad que desean por el elevado coste del alojamiento. Asimismo, ha expresado su deseo de que el programa sirva de referencia para otras administraciones públicas.
Las comunidades autónomas podrán destinar las ayudas a cinco ámbitos de actuación. El primero incluye la promoción y rehabilitación de viviendas, así como el desarrollo de alternativas habitacionales destinadas al alquiler social o asequible, con independencia de la titularidad o la calificación del suelo.
También se podrá financiar la adquisición de terrenos con edificabilidad residencial por parte de las administraciones autonómicas o de sus entidades dependientes o vinculadas que tengan competencias en materia de vivienda, además de las actuaciones necesarias para desarrollar y urbanizar suelo residencial.
Otra de las líneas permitirá comprar viviendas ya existentes y otras soluciones habitacionales para incorporarlas al parque de alquiler social o asequible. Por último, los fondos podrán utilizarse para cubrir impagos de contratos de arrendamiento de viviendas.
La ministra ha recordado que el Ministerio ya había previsto otras medidas extraordinarias para las zonas tensionadas dentro del Plan Estatal de Vivienda. Entre ellas figuran las ayudas a la construcción de vivienda pública y la posibilidad de que las administraciones financien hasta el 80% del coste de adquisición de viviendas construidas para destinarlas al alquiler asequible.