(El País, 09-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno tiene ya preparada una amplia revisión del plan de recuperación con el fin de aprovechar los cerca de 25.000 millones de euros en subvenciones europeas aún por recibir. Según confirma a EL PAÍS una fuente del Ejecutivo conocedora directa del proceso, el Consejo de Ministros aprobará este martes la adenda que recoge los cambios. El plan original, elaborado con prisas en 2021, fijó reformas e hitos que, a apenas siete meses de la fecha límite, resultan imposibles de cumplir. El Ejecutivo ha negociado con Bruselas esta reestructuración -que deberá enviar para obtener la aprobación final- y ha pactado rebajar el alcance de las reformas legislativas aún pendientes, dada la dificultad de sacar adelante nuevas leyes en el Congreso. La modificación incluirá también la renuncia al 75% de los préstamos previstos inicialmente, tal como avanzó este periódico.
El Fondo de Recuperación, aprobado hace algo más de cinco años para sostener la economía tras la pandemia, condiciona la llegada del dinero al cumplimiento de determinadas reformas, muchas de ellas leyes, y a la consecución de diversos hitos vinculados a inversiones financiadas con fondos europeos. Pronto quedó claro que el sistema era complejo y excesivamente rígido, lo que dificultaba enormemente su ejecución. Por ello, la Comisión ha ido flexibilizando criterios en varias ocasiones para facilitar el despliegue del mayor programa financiero de la historia de la UE. La última revisión se produjo en junio, y desde entonces numerosos países -como Italia, Francia, Bulgaria, Portugal, Chipre, Austria o Bélgica- han enviado sus correspondientes adendas.
"Ha sido una negociación durísima", explica una fuente que ha seguido de cerca las conversaciones entre España y la Comisión Europea. "Quedan uno o dos pagos por solicitar, y en el último habrá que definir qué parte de lo comprometido retendrá Bruselas. Es una negociación muy delicada", añade.
Esta será la séptima y, previsiblemente, última revisión del plan español. El propósito es simplificar las condiciones para recibir los fondos, eliminando hitos intermedios en las inversiones. Pero la clave reside en ajustar el nivel de exigencia de las reformas ambiciosas planteadas en 2021, que no han salido adelante por la debilidad parlamentaria del Gobierno. Las reformas estructurales más relevantes -pensiones, mercado laboral y parte de la fiscalidad- ya se aprobaron, lo que ha permitido percibir cerca de dos tercios de los fondos asignados. Sin embargo, otras medidas que requieren aval del Congreso, como la subida del impuesto al diésel o la Ley de Industria, se retiran para aliviar la presión.
La última solicitud de desembolso se presentó hace un año, en diciembre de 2024. Desde entonces, la falta de avances legislativos ha frenado al Ministerio de Economía a la hora de pedir nuevos pagos. Durante meses, el Gobierno ha negociado con Bruselas la reconfiguración de los hitos para suprimir pasos intermedios, y ha intentado -este es el punto más sensible- suavizar los requisitos de ciertas reformas para convertirlas en normas de rango inferior que no requieran trámite parlamentario.
"La Comisión no quiere que este plan acabe siendo un fracaso, pero el Tribunal de Cuentas Europeo exige que se cumpla lo pactado en 2021", señala otra fuente habitual en estas conversaciones. Aun así, Bruselas ha mostrado flexibilidad dentro de los límites del reglamento del Fondo, que no se ha modificado debido al elevado coste político que supondría.
Al principio se estableció que los proyectos financiados debían estar terminados antes de agosto de 2026. Sin embargo, España consiguió hace más de dos años que Bruselas aceptara como hito final la simple transferencia de fondos a las entidades ejecutoras. Esto permite que grandes proyectos -como la gigafactoría de Stellantis en Figueruelas o la planta de amoníaco verde de Fertiberia en Puertollano- se consideren ejecutados pese a que su construcción se prolongará varios años.
Generalizar este criterio -dar por cumplido el hito con el pago a los gestores del proyecto- resulta crucial para aprovechar al máximo las partidas aún disponibles. Algunas administraciones, sobre todo ayuntamientos, han renunciado a iniciativas por no poder cumplir el plazo de 2026. De ahí que Economía indicara hace unos días: "La adenda permitirá mantener la continuidad de los proyectos de inversión más allá de agosto de 2026, fecha de cierre de ejecución del Plan de Recuperación". Sobre la adenda que se aprobará este martes, el ministerio no ha ofrecido comentarios.
Todos los Estados miembros solicitaron fondos del programa Next Generation, aunque los grandes beneficiarios fueron Italia y España, los países más afectados por la pandemia. Más tarde, el fondo se adaptó también a crisis posteriores, como la guerra en Ucrania y sus efectos sobre el suministro energético. España recibió una asignación de 79.854 millones en subvenciones, de las cuales ya ha percibido unos 55.000 millones (el 69%). En cuanto a los préstamos, ascendían a 83.160 millones, pero el Gobierno renunciará a tres cuartas partes; hasta ahora ha recibido cerca de 16.000 millones.
El plan priorizó la modernización de las infraestructuras energéticas, el impulso a las renovables y la digitalización del tejido productivo. Aunque la ejecución en España ha sido más ágil que en otros países, el ritmo de desembolsos se ha ralentizado por la parálisis política. El Ministerio de Hacienda también ha influido: "Hacienda ha sido un obstáculo. Su prioridad es controlar, no ejecutar, y no ha dado margen de flexibilidad", sostiene una fuente vinculada al despliegue del plan. Desde Hacienda recuerdan que Bruselas impuso controles muy estrictos y que el equilibrio entre acelerar pagos y evitar gastos indebidos ha generado tensiones constantes en la gestión del programa.