(Expansión, 09-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Las propuestas del Gobierno para sancionar a las empresas que decidan trasladar parcial o totalmente su producción fuera de España están más cerca de hacerse realidad, tras la aprobación este miércoles, en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados, de una proposición no de ley (PNL) impulsada por PSOE y Sumar. Esta iniciativa tiene como objetivo aplicar medidas que desincentiven la deslocalización del tejido industrial.
La propuesta contempla una serie de medidas dirigidas tanto a pequeñas como a medianas y grandes empresas que opten por mover su producción a otros países. Entre ellas, destaca la obligación de comunicar a la Administración sus planes de deslocalización con al menos nueve meses de antelación. Asimismo, se plantea la creación de una Mesa de Reindustrialización que estaría integrada por las comunidades autónomas implicadas y las organizaciones sindicales afectadas.
Adriana Maldonado, portavoz socialista de Industria, argumenta que la proposición busca "retener talento, proteger a los trabajadores y garantizar su estabilidad laboral", al tiempo que se intenta frenar la deslocalización motivada por el deseo de abaratar costes laborales o aumentar beneficios. Según el Ejecutivo, aunque estas prácticas no son ilegales, representan una forma de dumping social y medioambiental que contribuye a la pérdida de empleo y al deterioro de las condiciones laborales.
La iniciativa también urge al Gobierno a aprobar el proyecto de ley de Industria y Autonomía Estratégica, que incluiría sanciones específicas para las empresas que trasladen su actividad fuera del país, especialmente en el sector industrial.
El objetivo del Ejecutivo es que cualquier compañía que pretenda deslocalizar su producción esté obligada a comunicarlo con nueve meses de antelación, lo que permitiría analizar posibles soluciones para evitar el traslado o buscar alternativas viables para mantener la actividad en el país.
En este contexto, la Mesa de Reindustrialización se encargaría de coordinar acciones encaminadas a revertir la decisión empresarial o a diseñar propuestas que aseguren la continuidad de las capacidades industriales. También tendría la función de pactar un acuerdo que facilite la reindustrialización de la zona afectada.
Siguiendo las directrices europeas, la PNL también plantea que el acceso a ayudas públicas esté condicionado al compromiso de mantener la producción en el territorio nacional. En concreto, las empresas que hayan recibido más de tres millones de euros en subvenciones durante los últimos cinco años deberán conservar su actividad productiva durante un periodo mínimo: cinco años para grandes empresas, tres para medianas y dos para pequeñas. Se considerará que se incumple esta condición si la empresa reduce su producción en más del 65% o disminuye su plantilla en al menos 500 trabajadores.