(El País, 07-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Este martes, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) centrado en la Vivienda Industrializada. Esta iniciativa contará con una financiación de 1.300 millones de euros en forma de préstamos, con el objetivo de impulsar un nuevo modelo de construcción más rápido y sostenible. El Ministerio de Vivienda ha subrayado que estas ayudas estarán condicionadas a que las viviendas construidas sean asequibles. Aunque las empresas podrán acceder de inmediato a los fondos, todavía no se han definido los criterios concretos para su aplicación, algo que se establecerá en las próximas semanas.
En principio, los recursos no se destinarán directamente a levantar promociones inmobiliarias, sino a potenciar la industria vinculada al sector de la construcción mediante técnicas industrializadas. Es decir, se busca modernizar procesos y dinamizar la cadena de valor de la edificación sin que ello implique la construcción inmediata de nuevas viviendas públicas. El objetivo del Gobierno es lograr una producción media de 15.000 viviendas anuales con este tipo de sistemas, aspirando a alcanzar las 20.000 unidades en un plazo de diez años.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha adelantado que la próxima licitación de vivienda pública -gestionada aún por Sepes y que incluirá unas 1.600 viviendas- incorporará un nuevo criterio de valoración: un 10% de la puntuación dependerá del uso de sistemas constructivos industrializados.
De los 1.300 millones previstos, el 80% se destinará a préstamos para apoyar proyectos de industrialización y el 20% restante servirá para reforzar la estructura financiera de las empresas del sector. El capital provendrá de las líneas de crédito ICO Verde e ICO Emprendedores, además del mecanismo Reincia+FAIIP, diseñado inicialmente para reactivar áreas afectadas por desastres naturales como la DANA. Aunque el Ministerio ha adelantado que las viviendas resultantes deberán tener precios máximos fijados, aún no se han determinado los criterios de elegibilidad ni el mecanismo que garantice la asequibilidad.
El Ejecutivo calcula que esta inversión puede tener un impacto económico total de unos 3.120 millones de euros, es decir, 2,4 veces la inversión inicial. Se trata del primer PERTE que se pone en marcha fuera del marco del Plan de Recuperación financiado por la Unión Europea, lo que lo convierte en una apuesta puramente nacional para intervenir en un mercado de la vivienda especialmente tensionado, con escasez de oferta y precios al alza.
Tal como anunció Pedro Sánchez el 24 de abril, la sede del proyecto se establecerá en terrenos públicos de la zona logística del Puerto de Valencia, gestionados por Sepes. Este centro no albergará empresas, sino que funcionará como espacio de investigación y formación, promoviendo el intercambio de conocimientos a través de una plataforma digital para los agentes implicados en el PERTE.
La próxima semana se iniciará un calendario de reuniones interministeriales en las que participarán al menos diez departamentos del Gobierno, incluidos los de Economía, Industria, Hacienda y Educación, con el objetivo de definir aspectos clave del proyecto, aunque aún no hay una fecha concreta para su puesta en marcha.
La construcción industrializada, basada en el ensamblaje de componentes fabricados previamente, permite reducir tiempos, mejorar la eficiencia energética y elevar los estándares de calidad en comparación con la edificación tradicional. Sin embargo, en España, el sector aún no cuenta con la infraestructura necesaria: se necesitan grandes plantas y tecnología avanzada, además de resolver retos logísticos. Otros países europeos ya han avanzado en este modelo, donde hasta el 50% de la vivienda se construye industrialmente. En España, el desarrollo de este sistema se frenó tras la crisis inmobiliaria y no ha logrado despegar desde entonces.
El PERTE busca impulsar esa transformación industrial, atraer a mujeres y jóvenes al sector y mejorar la competitividad a través de estandarización y producción a escala. No será necesario que cada vivienda sea completamente modular, pero sí que al menos la mitad de su construcción se realice mediante técnicas industrializadas.
La aprobación de este plan llega en un momento de alta tensión en el debate sobre la vivienda, con movilizaciones sociales y una creciente demanda de soluciones al problema del acceso al alquiler. El Gobierno espera que esta medida contribuya a ampliar la oferta de vivienda y acortar los tiempos de construcción entre un 20% y un 60%. Sin embargo, la necesaria reforma de la Ley de Suelo sigue pendiente, lo que podría limitar el impacto real del PERTE. Según estimaciones del sector, para paliar el déficit actual serían necesarias más de 150.000 viviendas anuales, muy por encima de las aproximadamente 100.000 que se construyen actualmente, lo que hace que la meta de 15.000 a 20.000 viviendas industrializadas al año, aunque relevante, sea claramente insuficiente.
En los últimos 15 años, el ritmo de creación de hogares ha duplicado al de construcción de viviendas, y el Banco de España calcula que entre 2022 y 2025 serían necesarias unas 600.000 viviendas nuevas. Así, aunque el PERTE supone un paso adelante, está lejos de cerrar la brecha habitacional existente.