(El País, 28-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno ha decidido aplazar hasta después del verano la aprobación del nuevo real decreto de vivienda, una de las principales iniciativas con las que pretendía cerrar el curso político. La norma no será abordada en el Consejo de Ministros de este martes al constatar el Ejecutivo que no dispone de los apoyos suficientes para garantizar su convalidación en el Congreso, debido a las diferencias existentes entre los partidos que respaldaron la investidura.
La semana pasada, Sumar anunció que había alcanzado un acuerdo con el PSOE sobre el contenido del decreto, concebido para dar respuesta a la crisis de acceso a la vivienda, uno de los problemas que más preocupa actualmente a la ciudadanía. Entre las medidas previstas figuraba la posibilidad de prorrogar y congelar el precio de los alquileres durante dos años, siempre que el inquilino lo solicitara antes del 30 de junio de 2028. Sin embargo, la reacción de formaciones como Podemos y Junts evidenció que el consenso parlamentario estaba lejos de alcanzarse.
El Ejecutivo había confiado en que este decreto se convirtiera en el principal cierre de su agenda social antes del parón estival, en un contexto marcado por el impacto político de diversos frentes judiciales relacionados con el PSOE. No era el primer intento de sacar adelante estas medidas, ya que una propuesta similar, que incluía la prórroga extraordinaria de los alquileres y constituía una de las principales reivindicaciones de Sumar, fue rechazada el pasado mes de abril con los votos de Junts, PP y Vox.
Con el objetivo de aumentar las posibilidades de aprobación, el Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, había ampliado el contenido del decreto e incorporado medidas destinadas a atraer el respaldo de grupos como PNV, Junts, ERC, EH Bildu y Podemos.
Entre las novedades figuraba la incorporación de algunas propuestas defendidas por el PNV, como equiparar el régimen del alquiler de habitaciones al de la vivienda habitual, estableciendo contratos de entre cinco y siete años y limitaciones al precio en las zonas declaradas tensionadas.
El principal punto de fricción seguía siendo la prórroga extraordinaria de los alquileres. Para facilitar un acuerdo, el Gobierno había añadido un paquete de incentivos fiscales dirigido a los propietarios que mantuvieran o redujeran el precio de la renta al renovar los contratos, una medida que respondía a las demandas de Junts, aunque no satisfacía las exigencias de Podemos.
La formación morada condicionó cualquier negociación a la retirada de los artículos que modifican la Ley del Suelo, al considerar que esa reforma no debía incluirse en el decreto. En sentido contrario, el PNV defendía que dicha modificación era imprescindible para dotar de mayor seguridad jurídica al urbanismo, agilizar la tramitación de los planeamientos y evitar bloqueos administrativos. Además, reclamaba que el texto regulara el alquiler de temporada y garantizara el respeto a las competencias de las comunidades autónomas.
La dificultad para conciliar estas posiciones ha llevado finalmente al Ejecutivo a retrasar la aprobación del decreto, con el objetivo de ganar tiempo para negociar con los distintos grupos parlamentarios y evitar una nueva derrota legislativa al comienzo del próximo y último curso de la legislatura.