(Expansión, 20-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La Estrategia contra la Pobreza Energética aprobada el martes por el Gobierno prevé modificar las normas de acceso al bono social eléctrico incorporando un criterio de ingresos para las familias numerosas, que actualmente pueden recibirlo sin que su concesión dependa de su nivel de renta. Desde el área de Transición Ecológica se argumenta que, con el sistema vigente, hay hogares que obtienen la ayuda sin necesitarla realmente.
La nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 (ENPE 2026-2030), aprobada por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, contempla reformar la normativa para que tanto el bono social eléctrico como el térmico se concentren en los hogares con menores recursos. El objetivo es evitar que familias con ingresos medios o altos accedan a estas ayudas y garantizar que lleguen a quienes más las necesitan.
Entre las principales medidas figura limitar el acceso a estos bonos a las rentas elevadas, ya que, según el ministerio, el sistema actual presenta un doble problema: algunos hogares vulnerables no los solicitan o no llegan a beneficiarse, mientras que otros sin necesidad sí lo hacen.
El plan redefine, por tanto, los requisitos para obtener estas ayudas con la intención de focalizarlas en las economías domésticas con menos ingresos. En el caso de las familias numerosas, propone que el criterio de renta pase a ser determinante, de modo que solo lo perciban aquellas que realmente se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Hoy en día, el título de familia numerosa basta por sí solo para acceder a descuentos en la factura eléctrica -del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para los vulnerables severos, dentro de ciertos límites de consumo-. La reforma plantea aplicar también a este colectivo condiciones generales basadas en los ingresos.
La vicepresidenta tercera y ministra responsable, Sara Aagesen, explicó que el Ejecutivo considera que la renta debe convertirse en el criterio principal para determinar quién puede beneficiarse, aunque para ello será necesario desarrollar un reglamento específico. El Gobierno prevé abrir un proceso de diálogo con asociaciones y organizaciones de consumidores antes de aprobarlo.
Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, señaló que uno de los pilares de la estrategia es reforzar la protección de los consumidores vulnerables. Esto implica revisar la definición de vulnerabilidad aplicada al bono social e introducir criterios económicos de forma generalizada para asegurar que quienes realmente necesitan apoyo puedan acceder a él.
Según los últimos datos del ministerio, los beneficiarios del bono social eléctrico han aumentado un 4,5% en el último año hasta situarse en torno a 1,73 millones de hogares. De ellos, cerca del 27% -unos 460.000- lo reciben por su condición de familia numerosa. Por territorios, Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña concentran el mayor número de beneficiarios en esta categoría, seguidas por la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y el País Vasco.