(La Vanguardia, 04-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Consejo de Ministros ha optado por dividir el decreto ómnibus y aprobar este martes dos reales decretos-ley por separado: uno centrado en la revalorización de las pensiones, cuya convalidación parlamentaria está asegurada, y otro que agrupa las medidas del denominado escudo social, entre las que figura la prórroga de la moratoria de los desahucios.
Fuentes del Ejecutivo han confirmado esta decisión y, según ha señalado Sumar en un comunicado, la separación de ambos textos implica que "el Partido Popular ya no tiene excusas para respaldar la subida de las pensiones", mientras que el resto de la Cámara deberá posicionarse sobre medidas sociales dirigidas a proteger a los colectivos más vulnerables, vigentes desde la pandemia.
El portavoz de Movimiento Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ya había adelantado la disposición del socio minoritario del Gobierno a aceptar dos decretos distintos, siempre que se aprobaran de forma simultánea y que el del escudo social mantuviera íntegramente todas las medidas previstas. Los socios del PSOE parecen aceptar esta fórmula de dos textos diferenciados: uno relativo a la actualización de las pensiones y otro que contempla la posibilidad de ejecutar desahucios cuando el propietario cuente únicamente con una vivienda en alquiler, tal y como el Gobierno ha pactado con el PNV.
Podemos ha mostrado su rechazo al acuerdo alcanzado con los nacionalistas vascos, al que ha calificado de "asco absoluto", aunque no ha aclarado si votará en contra. IU, Sumar y Compromís tampoco han descartado su apoyo, si bien insisten en que estas medidas deberían incorporarse de manera permanente a la legislación.
Desde el Partido Popular, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ha acusado al Ejecutivo de "confesión de culpabilidad" por dividir el decreto ómnibus. A su juicio, esta decisión demuestra que fue el propio Gobierno de Pedro Sánchez quien puso en riesgo la revalorización de las pensiones y utilizó a los jubilados "como rehenes". Pese a ello, el decreto de pensiones saldrá adelante, ya que el PP ha anunciado su respaldo. Vox, por su parte, ha descartado apoyarlo alegando que "no se fía del Gobierno".
El Consejo de Ministros ha aprobado de nuevo la actualización de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7% para 2026, así como un incremento superior al 7% en las pensiones mínimas, según ha informado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Además, las pensiones con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares subirán un 11,4% el próximo año. Ese mismo aumento se aplicará a las pensiones no contributivas y al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Todos estos incrementos se recogen en un real decreto-ley.
El decreto del escudo social contempla, entre otras, las siguientes actuaciones: Ayudas para las personas afectadas por la dana en la Comunidad Valenciana y por distintos incendios; Mejoras en las condiciones de jubilación del colectivo de bomberos y Prohibición de los desahucios y de los cortes de suministros básicos a familias vulnerables que no puedan hacer frente al pago del alquiler.
La prohibición de los desahucios incluye una excepción para los propietarios que cuenten con uno o dos inmuebles -la vivienda habitual y otra en alquiler-, tal y como se ha acordado entre el Gobierno y el PNV para garantizar el apoyo al decreto cuando vuelva al Congreso. Sumar también ha respaldado esta excepción. De este modo, los propietarios con una única vivienda en alquiler y un inquilino en situación de impago quedan exentos de la obligación de ofrecer una alternativa habitacional a personas vulnerables.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Elma Saiz ha explicado que los detalles del decreto se conocerán en los próximos días, aunque ha precisado que la principal novedad es que, en el caso de propietarios con tres o más viviendas, no se ejecutarán desahucios cuando exista un contrato previo y el propietario no se encuentre en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, ha señalado que los propietarios de una o dos viviendas no quedarán afectados por la prórroga del escudo social y que serán los servicios sociales los encargados de buscar soluciones habitacionales de emergencia cuando sea necesario. En cualquier caso, la ministra ha asegurado que ambos decretos se presentarán con "total transparencia" y ha indicado que será la ministra de Vivienda quien detalle las medidas relativas a los desahucios.