(El Periódico, 02-09-2026) | Laboral
El Gobierno ha celebrado este martes un Consejo de Ministros centrado prácticamente por completo en la respuesta a la crisis migratoria que se desencadenó a finales de julio en Ceuta. El Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes que permitirá movilizar 309 millones de euros durante los cuatro meses que quedan de 2026, además de otros 50 millones mediante líneas de avales del ICO. El volumen de recursos supone una inyección extraordinaria equivalente a alrededor del 16% del PIB de la ciudad autónoma y tiene como objetivo amortiguar el impacto económico y social de la crisis, proteger a las empresas y garantizar la estabilidad de los servicios públicos. El paquete también extiende con carácter permanente a Melilla algunas de las ventajas fiscales y laborales aplicadas en Ceuta, en un intento de anticiparse a posibles efectos similares.
La medida concreta el compromiso anunciado el lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y amplía de forma considerable las primeras estimaciones sobre las necesidades de la economía ceutí, que ya calculaba unas pérdidas empresariales cercanas a los 28 millones de euros. El Ejecutivo ha reservado 80 millones para apoyar a empresas y trabajadores y reducir el impacto sobre la actividad económica. Dentro de esta partida destacan los 36,6 millones destinados a ayudas directas para 2.600 autónomos, que recibirán 5.000 euros cada uno, y para 1.400 empresas, con subvenciones de entre 10.000 y 150.000 euros en función de su volumen de negocio. La Agencia Tributaria comenzará a gestionar estas ayudas el 14 de septiembre y los primeros pagos están previstos para octubre. El plan incorpora además 14 millones para bonos de consumo y promoción turística, prestaciones extraordinarias por cese de actividad y ayudas del SEPE destinadas a formación.
En materia laboral y fiscal, el decreto introduce cambios de carácter permanente tanto para Ceuta como para Melilla. La bonificación empresarial de las cotizaciones a la Seguridad Social por los contratos indefinidos aumentará del 50% al 75%, siempre que los trabajadores participen en acciones formativas. También se eleva del 50% al 60% la bonificación aplicable en el Impuesto sobre Sociedades y se introducen mejoras fiscales para los autónomos en el IRPF. En conjunto, estas medidas supondrán una reducción de la carga tributaria estimada en 12 millones de euros. De manera temporal, las empresas cuya actividad se haya visto afectada podrán acogerse a un régimen de ERTE por fuerza mayor con una exoneración del 100% de las cuotas, mientras que los trabajadores tendrán acceso a la prestación por desempleo sin consumir el periodo que tuvieran acumulado.
Una parte importante de los fondos se destinará a hacer frente a las necesidades generadas por la emergencia migratoria y al refuerzo de la logística, la seguridad y los servicios públicos. La mayor partida corresponde a la acogida humanitaria, con 118 millones de euros. De esta cantidad, 63,6 millones se dedicarán a la atención de los menores extranjeros no acompañados que permanecen en Ceuta y otros 53,4 millones financiarán el alojamiento y las necesidades básicas de los migrantes.
El refuerzo de la seguridad y la defensa contará con otros 90 millones de euros. De ellos, 74 millones se destinarán al despliegue del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. El paquete contempla además incentivos extraordinarios vinculados al rendimiento para los agentes de la Policía Nacional, con 7,1 millones de euros, y para la Guardia Civil, con otros 8 millones.
El resto de los recursos se orientará a garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. En total, se han previsto 21 millones de euros para reforzar la atención sanitaria, la Administración de Justicia, la asistencia jurídica gratuita y el apoyo psicológico en los centros educativos. También se incluyen fondos para impulsar la promoción internacional de Ceuta a través del ICEX y transferencias directas a la ciudad autónoma, entre ellas más de 7 millones destinados a la planta desalinizadora.
El despliegue de todas estas medidas se produce después de que el Gobierno declarara la situación de interés para la seguridad nacional y estableciera una coordinación bajo el mando único de Ángel Víctor Torres. Con este paquete, el Ejecutivo pretende superar la fase más urgente de la crisis en esta frontera exterior de la Unión Europea, contener sus efectos sobre la economía local y favorecer la recuperación de la actividad antes de la visita prevista del Rey Felipe VI a Ceuta.