(El País, 16-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La consideración de "inversión estratégica" que el Gobierno concederá a determinados proyectos de interés público tendrá consecuencias también sobre el acceso a las ayudas públicas. El texto que regula el Comité de Inversiones Estratégicas, aprobado por el Consejo de Ministros, establece una vía acelerada para tramitar las iniciativas consideradas prioritarias e incorpora una novedad respecto a los borradores anteriores: los proyectos que obtengan este reconocimiento tendrán prioridad en la tramitación de los incentivos regionales. Esta modificación refuerza el papel del Estado frente a las comunidades autónomas, que hasta ahora contaban con mayor capacidad para impulsar proyectos de interés territorial.
Los incentivos regionales son ayudas gestionadas por el Ministerio de Hacienda destinadas a favorecer inversiones en territorios que, conforme a los criterios de la Unión Europea, necesitan un apoyo adicional para aproximarse a la media económica comunitaria. Cataluña, Madrid, País Vasco y Navarra quedan fuera de este sistema al superar los umbrales establecidos. Estas ayudas suelen contar con financiación europea procedente de los fondos de cohesión y las comunidades autónomas intervienen de forma relevante en su concesión, ya que presentan las solicitudes y aportan parte de los recursos necesarios para financiar los proyectos.
Aunque las condiciones para acceder a estos incentivos están reguladas, su ámbito de aplicación es amplio e incluye actividades como la hostelería. La intención del Gobierno es que, a partir de ahora, las iniciativas respaldadas mediante este mecanismo estén también alineadas con las prioridades fijadas a escala estatal. El nuevo requisito introduce así un filtro adicional que puede reducir el margen de las comunidades para promover proyectos que consideren relevantes desde una perspectiva territorial. Aquellas iniciativas que no cuenten con el respaldo estatal podrían encontrar mayores dificultades para completar la financiación necesaria y, en algunos casos, podrían quedar comprometidas.
El Ejecutivo plantea esta modificación como una manera de orientar los recursos públicos hacia proyectos considerados de mayor interés para el conjunto del país. En la práctica, supone añadir una nueva fase de valoración que puede limitar el acceso de determinadas iniciativas a las ayudas y reducir la capacidad autonómica para respaldar proyectos vinculados a necesidades locales. Es el caso, por ejemplo, de determinadas inversiones hoteleras, que pueden tener dificultades para encajar en los criterios que previsiblemente aplicará el Comité de Inversiones Estratégicas, más orientados hacia ámbitos como la descarbonización, la digitalización o la generación de empleo.
Entre los proyectos que recibieron incentivos regionales el pasado mes de julio figuran algunas inversiones turísticas de gran dimensión. Una de ellas corresponde a un nuevo hotel de Lopesan en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, que prevé generar 552 puestos de trabajo y ha obtenido cerca de 50 millones de euros de ayuda pública. También aparece el Apart Hotel Arona, en Tenerife, al que se han concedido 1,1 millones de euros pese a que la previsión de creación de empleo se limita a cuatro puestos.
El Ministerio de Hacienda forma parte, además, del órgano encargado de dirigir el Comité de Inversiones Estratégicas, que estará integrado en la Oficina Económica dependiente directamente de Presidencia del Gobierno. El organismo estará copresidido por La Moncloa y el Ministerio de Economía. De este modo, cuando Hacienda participe en la gestión de los incentivos regionales, deberá tener en cuenta la nueva clasificación estatal de los proyectos y la prioridad que el Ejecutivo pretende conceder a las iniciativas que dispongan de la declaración de inversión estratégica.
El nuevo reconocimiento comenzará a concederse cuando entre en funcionamiento la página web a través de la cual se presentarán las solicitudes. Todavía está pendiente de concretarse parte de su desarrollo reglamentario, entre ella la publicación de los criterios y baremos que determinarán la puntuación necesaria para obtener la declaración. A diferencia de los incentivos regionales, esta calificación no supone por sí misma la concesión de fondos públicos. Su principal efecto consiste en proporcionar un tratamiento administrativo preferente al proyecto ante las distintas Administraciones y acelerar la obtención de las autorizaciones necesarias.
Entre las ventajas previstas destaca el acceso prioritario a la red eléctrica, una cuestión especialmente relevante para proyectos de nueva generación económica, como los centros de datos o las grandes fábricas vinculadas a nuevas tecnologías, en un contexto en el que la capacidad de la red se encuentra sometida a una elevada presión. No obstante, todavía no está definido con precisión cómo se materializará esa prioridad en la práctica.
Varias comunidades autónomas disponen ya de mecanismos similares para identificar y acelerar proyectos considerados estratégicos. Esta condición puede facilitar tanto la movilización de financiación pública como la llegada de capital privado, al ofrecer a los inversores una mayor previsibilidad sobre los procedimientos administrativos y los plazos de autorización. Además, permite coordinar a las diferentes Administraciones implicadas alrededor de una misma iniciativa y proporcionar mayor seguridad jurídica al proyecto.
El modelo español toma como referencia experiencias desarrolladas en otros países, especialmente el programa Choose France, impulsado por el Gobierno francés para atraer inversión extranjera y presentado como una herramienta de éxito para captar capital. El contexto institucional francés, sin embargo, presenta diferencias relevantes respecto al español, entre ellas un mayor peso del poder central y una estructura territorial con menor protagonismo de las administraciones regionales.
Los proyectos que aspiren a obtener la consideración de estratégicos podrán estar promovidos tanto por capital nacional como extranjero. Entre los sectores que muestran mayor interés se encuentran los centros de datos, especialmente por las ventajas que esta declaración puede proporcionar a la hora de garantizar el acceso a recursos esenciales como la electricidad y el agua. El Gobierno asegura que existe una elevada demanda para obtener esta consideración y que las empresas interesadas están esperando para acceder al nuevo procedimiento. Por su parte, fuentes financieras que participan en operaciones de inversión en España señalan que una parte significativa del capital pendiente de materializar procede de inversores chinos.