(El Economista, 26-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La Administración va a reforzar el control sobre los depósitos que los usuarios mantienen en distintas plataformas de juego y apuestas online, con el objetivo de fijar límites al dinero que pueden gastar diariamente, semanalmente y mensualmente.
En concreto, los jugadores no podrán disponer de más de 700 euros al día sumando todas sus cuentas en los diferentes operadores, ni superar los 1.750 euros semanales o los 3.300 euros en un periodo de cuatro semanas. Además, a partir de la entrada en vigor de la medida, quedará prohibido utilizar la vivienda habitual en España como garantía hipotecaria para seguir jugando o para cubrir deudas relacionadas con el juego.
Esta modificación ha sido aprobada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. La reforma introduce un nuevo sistema de supervisión que amplía el control: ya no se limita a los fondos depositados en cada operador de forma individual, sino que abarca el conjunto de plataformas en las que cada usuario tenga cuenta, con el fin de limitar de forma más efectiva el gasto total en juego.
La medida comenzará a aplicarse el 25 de marzo de 2027, aunque antes se desarrollará una fase de pruebas de seis meses a partir del 25 de septiembre de 2026. Durante ese periodo, operadores, usuarios y autoridades deberán adaptar sus sistemas al nuevo modelo de control.
El objetivo declarado de esta regulación es reforzar la protección de los consumidores y promover un entorno de juego más seguro. Según se expone en la norma, una parte relevante de los jugadores utiliza varias plataformas a la vez, y un porcentaje reducido de usuarios concentra la mayor parte de las pérdidas en este tipo de actividades.
No obstante, se prevé cierta flexibilidad, ya que los usuarios podrán solicitar incrementos de los límites de gasto establecidos. Estas solicitudes se harán efectivas tras un plazo de tres días, aunque solo podrán realizarse si han pasado al menos tres meses desde la última petición de aumento. La reforma también actualiza las garantías económicas exigidas a los operadores para obtener la primera licencia, que pasan de 2 a 2,6 millones de euros. Transcurridos dos años, el importe asociado al conjunto de licencias se ajustará a 1,3 millones, frente al millón exigido anteriormente.