(El País, 18-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) 2026-2030, que incorpora una reivindicación histórica de numerosas organizaciones: que los descuentos en la factura eléctrica se vinculen al nivel de ingresos de todos los beneficiarios. Esta modificación afecta al único colectivo que hasta ahora recibía la ayuda sin atender a su renta: las familias numerosas, es decir, aquellas con tres o más hijos, independientemente de sus ingresos. El coste del bono lo asumen todos los consumidores mediante un pequeño recargo mensual en su recibo.
Como la estrategia no tiene rango normativo, el Ministerio para la Transición Ecológica someterá la medida a audiencia pública con el fin de modificar el real decreto que regula el bono social. Tras la reunión del Consejo, la vicepresidenta tercera y ministra del área, Sara Aagesen, subrayó que la renta debe ser el criterio fundamental para los consumidores por una cuestión de equidad. Para concretar los nuevos requisitos se contará con la participación de asociaciones sociales, y también se revisará el bono social térmico.
La estrategia, en preparación desde hace meses, busca identificar con mayor precisión a los hogares verdaderamente vulnerables, muchos de los cuales actualmente no reciben ayudas. Según datos difundidos por este periódico, alrededor del 30% de los hogares en situación de vulnerabilidad -casi un millón- no figuran en los indicadores de pobreza energética, mientras que se considera vulnerables a 4,8 millones que no lo serían. El Gobierno pretende corregir estos desajustes, basados en gran medida en encuestas del Instituto Nacional de Estadística.
El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, señaló que el objetivo es que quien realmente necesite el bono pueda acceder a él. Para ello será necesario redefinir el concepto de vulnerabilidad a efectos de la ayuda y aplicar criterios de renta de forma generalizada, con el fin de dirigir mejor los recursos disponibles. Las modificaciones se elaborarán con la colaboración de diversas organizaciones y de la Mesa Social de Pobreza Energética, reunida esa misma mañana.
Esta estrategia nació tras la crisis energética de 2021 con la participación de entidades sociales, expertos académicos y representantes empresariales. El documento aprobado contempla 13 actuaciones hasta 2030, con un propósito central: garantizar el acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía como un derecho básico indispensable para una vida digna, según el ministerio.
Entre las iniciativas previstas destaca la creación de un Observatorio de la Pobreza Energética destinado a recopilar información, fomentar el intercambio técnico entre especialistas y facilitar el diseño de políticas públicas. Otras medidas buscan reforzar la protección del consumidor, como asegurar el suministro a personas vulnerables o electrodependientes y ampliar la cobertura del bono social, que según datos oficiales ha aumentado un 60% desde 2018, pasando de 1,07 a 1,72 millones de hogares beneficiarios.
Algunas actuaciones, como la eliminación de prácticas comerciales abusivas -contrataciones telefónicas no solicitadas, refacturaciones erróneas o penalizaciones por permanencia- ya se incluyeron en el reciente Real Decreto 88/2026, que adapta el reglamento general de suministro y comercialización y fue aprobado la semana pasada.
En relación con el bono social eléctrico, la nueva estrategia pretende reducir la brecha de cobertura, vincularlo a la renta familiar y asegurar que llegue únicamente a quienes lo necesitan. El ministerio considera que el sistema actual permite que algunos hogares con derecho no lo reciban, mientras que otros sin necesidad sí lo obtienen.
El bono eléctrico contempla múltiples situaciones de vulnerabilidad y distintos colectivos, combinados con límites de consumo. Entre los beneficiarios figuran pensionistas con prestaciones mínimas, perceptores del ingreso mínimo vital, víctimas de terrorismo o de violencia de género y, hasta ahora, las familias numerosas.
Para acceder a los descuentos es imprescindible tener contratada la tarifa regulada -el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)- en potencias inferiores a 10 kW y para la vivienda habitual. Las rebajas alcanzan el 42,5% para consumidores vulnerables y el 57,5% para los vulnerables severos, definidos en función de múltiplos del IPREM. En situaciones de pobreza extrema, la ayuda cubre el 100% del recibo. Superados determinados niveles de consumo, el descuento deja de aplicarse y se factura conforme al PVPC.