(Expansión, 13-03-2026) | Laboral
El Gobierno aprobará un real decreto para crear 200 nuevas plazas de fiscales durante este año, que se sumarán a las 500 destinadas a jueces y magistrados anunciadas recientemente. Según explicó este miércoles el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se trata de "la mayor macroconvocatoria de la historia". El anuncio se produjo tras una reunión celebrada en el Ministerio de Justicia con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. El Ejecutivo ya había adelantado en 2025 su intención de convocar un total de 1.440 plazas para jueces y fiscales entre ese año y 2027.
En total, la convocatoria contemplará 700 plazas: 375 para jueces por el sistema de oposición libre, 200 para fiscales también mediante oposición y 125 plazas reservadas al llamado cuarto turno, dirigido a juristas de reconocida trayectoria con más de diez años de experiencia profesional.
Dentro de las 500 plazas destinadas a la carrera judicial, 363 estarán orientadas a los nuevos tribunales de instancia, dos al Tribunal Central de Instancia y 85 a órganos colegiados. Entre estos últimos se incluyen 71 plazas para audiencias provinciales, siete para tribunales superiores de justicia, cuatro para la Audiencia Nacional y tres para el Tribunal Supremo. Además, se crearán 50 plazas de adscripción territorial que podrán asignarse a distintos destinos según las necesidades y la carga de trabajo de los tribunales. Las comunidades que recibirán mayor número de nuevos puestos serán Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana.
La mayor parte de estas plazas reforzará los tribunales de instancia y otros órganos judiciales relevantes, como las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, tal y como ya había adelantado el Ministerio de Justicia a comienzos de año. En el caso de la Fiscalía, las nuevas plazas se aprobarán a propuesta de la Fiscalía General del Estado mediante un real decreto. Según el Gobierno, se tratará del mayor aumento de fiscales en un solo año, ya que en las dos últimas décadas nunca se había superado la creación de 100 plazas anuales.
Cuando se presentó la convocatoria a principios de año, el Ministerio de Justicia explicó que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia introduce un nuevo modelo organizativo que sustituye los juzgados unipersonales por tribunales de instancia. Estos órganos estarán formados por varios jueces y contarán con una única oficina judicial de apoyo. Este sistema permitirá crear nuevas plazas sin necesidad de constituir un juzgado completo, lo que reduce considerablemente el coste: alrededor de 100.000 euros frente a los 500.000 euros que suponía anteriormente.
Bolaños aseguró que esta convocatoria responde a una reivindicación histórica tanto de la Fiscalía General del Estado como de la carrera fiscal y que contribuirá a corregir una de las principales carencias del sistema judicial español.
Por su parte, Teresa Peramato destacó que se trata de la mayor ampliación de la plantilla fiscal en décadas y valoró el esfuerzo del Ministerio de Justicia para dotar a la institución de más medios y personal. Según explicó, las nuevas plazas supondrán un incremento del 7,1% en la plantilla de fiscales, que pasará de 2.804 a 3.004 efectivos, una cifra que no se había alcanzado en los últimos veinte años. La fiscal general también señaló que esta ampliación permitirá poner fin a la situación de muchos fiscales que actualmente se encuentran a la espera de destino definitivo.
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, ha valorado positivamente el impulso de esta convocatoria de plazas para jueces y magistrados, aunque considera necesario introducir algunos ajustes tras recabar información de diferentes órganos judiciales, como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los tribunales superiores de justicia. Por su parte, las asociaciones judiciales han reclamado que este ritmo de convocatorias se mantenga de forma continuada en los próximos años para poder reducir el déficit estructural de jueces existente en España.