(El País, 17-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo
La buena marcha de una economía no puede medirse únicamente a través de su tasa de crecimiento, pese a que este sea el indicador más utilizado para evaluar su dinamismo. Consciente de que este dato no refleja si los beneficios del progreso llegan a todos los ciudadanos, el Gobierno incorporará por primera vez indicadores de pobreza y desigualdad en el cuadro macroeconómico. Este documento -que incluye las previsiones sobre crecimiento, empleo e inflación para los próximos años- se actualizará este martes, con una revisión al alza de la previsión de crecimiento para 2025, que pasará del 2,7% actual al 2,9%. Además, incluirá un nuevo objetivo relacionado con la disminución de las desigualdades.
España mantiene un crecimiento más robusto que otros países europeos y muestra unos fundamentos más sólidos que hace unos años. El PIB aumentó un 3,5% en 2024 y, en el tercer trimestre de 2025, registró una expansión del 2,8% interanual, tras el 3,1% y el 3,0% de los dos trimestres previos. Con estos datos, el Gobierno considera razonable anticipar un avance del 2,9% para el conjunto del año, según señalan fuentes consultadas por EL PAÍS, en línea con el acumulado hasta septiembre. La actualización del cuadro macro se presentará justo después de que la Comisión Europea publique este lunes sus previsiones de otoño, que previsiblemente seguirán una línea similar.
Pero, más allá de estas revisiones, y como ya han hecho notar diversas instituciones y analistas, persisten claroscuros. Algunos de los principales indicadores utilizados para medir pobreza y desigualdad no reflejan una evolución tan positiva como la del empleo o los salarios. Por ello, a partir de este martes, el nuevo cuadro macroeconómico incluirá un indicador específico que permitirá analizar cómo progresa un objetivo que el Ejecutivo considera esencial: que el crecimiento económico llegue al conjunto de la población.
El Gobierno está ultimando los datos que utilizará para elaborar este indicador, que servirá para proyectar la evolución de la pobreza y la desigualdad a corto y medio plazo. A la espera de conocer las cifras definitivas, las estadísticas más recientes no resultan especialmente optimistas. Según Eurostat, la tasa de pobreza persistente se situó en el 13,6% en 2024, más de dos puntos por encima de la de 2023 -que fue la mejor en 15 años-, aunque aún muy por debajo del 17,7% alcanzado durante la pandemia. En el caso de los trabajadores, el riesgo de pobreza afectó al 11% en España, el tercer peor dato de la UE, aunque el mejor para el país en más de diez años.
En cuanto a la distribución de la renta, el índice Gini -que asigna valores de cero (perfecta igualdad) a 100 (máxima desigualdad)- situó a España en 31,2 puntos en 2024, por encima de la media de la zona euro y de la UE. Pese a ello, el indicador muestra ligeras mejoras desde 2015, con la excepción de 2020.
Otro análisis, el de la encuesta de condiciones de vida del INE, también apunta a un leve avance: el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social bajó al 25,8% en 2024, frente al 26,5% del año anterior. Sin embargo, continúan siendo cifras muy elevadas, lo que refuerza la necesidad de adoptar políticas para reducir la distancia entre los hogares con menos recursos y los que concentran mayor riqueza. Todo ello convive con un crecimiento casi ininterrumpido de la renta media por hogar desde 2016, que beneficia a ciertos grupos, pero no a los más vulnerables.
Con la incorporación de estos objetivos al cuadro macro, el Gobierno quiere dotarse de un compromiso de "autodisciplina", explican fuentes del Ejecutivo. Admite que la precariedad -que afecta incluso a personas con trabajo pero con sueldos insuficientes- y el encarecimiento del acceso a la vivienda empujan a parte de la población hacia la pobreza, mientras otros segmentos avanzan con rapidez. El crecimiento del PIB, por tanto, resulta insuficiente como único termómetro del éxito de las políticas económicas.
Al Gobierno le incomoda que estas estadísticas se utilicen como una evaluación directa de su desempeño en materia de desigualdad. Defiende avances como el incremento del salario mínimo y la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, que considera herramientas clave para mejorar la situación de los más desfavorecidos. Al mismo tiempo, reconoce el empeoramiento de las brechas de ingresos y se alinea con la tendencia internacional que insta a crear métricas fiables para medir la desigualdad.
De hecho, el viernes pasado, un grupo de 500 economistas y especialistas en la materia envió una carta a los líderes mundiales solicitando la creación de un indicador global de desigualdad, inspirado en el modelo del IPCC para el cambio climático. Entre los firmantes figuran la exsecretaria del Tesoro de EE UU Janet Yellen y los economistas Thomas Piketty y Gabriel Zucman, referentes mundiales en el estudio de la desigualdad. La misiva sigue la línea del reciente informe del G-20 elaborado por el Nobel Joseph Stiglitz, el primero del grupo centrado específicamente en esta cuestión.
Además de estos nuevos objetivos sociales, el cuadro macro -que es la base para preparar los Presupuestos Generales del Estado- elevará ligeramente la previsión de crecimiento para este año, aunque hay más incertidumbre sobre la actualización de 2026. En la última revisión, en septiembre, se estimaba un 2,7% para 2025 y un 2,2% para 2026. Numerosos analistas prevén ya aumentos mayores, dado que la economía acumula un avance del 2,8% hasta septiembre, a la espera de los datos del último tramo del año.