(El Periódico, 03-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno está dando pasos decididos para acelerar la expansión masiva de sistemas de almacenamiento eléctrico como parte de su estrategia para reforzar la seguridad del suministro -el llamado nuevo "escudo antiapagones"- y abaratar el coste de la electricidad. Uno de los grandes retos pendientes de la transición energética en España es precisamente el desarrollo de estas infraestructuras, especialmente las grandes baterías, fundamentales para almacenar la energía generada por fuentes renovables y utilizarla cuando no hay sol o viento. Esta capacidad permite estabilizar el sistema eléctrico y distribuir los beneficios de las renovables más allá de las horas centrales del día.
El Ministerio para la Transición Ecológica, bajo la dirección de la vicepresidenta Sara Aagesen, ha introducido en el reciente 'macrodecreto' postapagón una serie de modificaciones legales para facilitar la instalación de sistemas de almacenamiento. Estas medidas buscan desbloquear cientos de proyectos que actualmente están atascados en diversas fases de tramitación. Estas instalaciones pueden integrarse en plantas renovables para guardar la energía que producen (almacenamiento hibridado), o bien operar de forma independiente conectándose directamente a la red eléctrica (almacenamiento autónomo o stand alone).
Entre las reformas destacadas está la declaración de utilidad pública para los sistemas de almacenamiento eléctrico y sus conexiones, lo que agiliza los procesos de expropiación de terrenos si fuese necesario. Además, se ha reducido a la mitad el tiempo para obtener autorizaciones en proyectos de almacenamiento vinculados a parques renovables existentes y se les exime de una nueva evaluación ambiental si esta ya se realizó previamente para el parque solar o eólico correspondiente.
Asimismo, el Ministerio ha introducido cambios técnicos y normativos que eliminan obstáculos para el despliegue de estas infraestructuras. Por ejemplo, las instalaciones renovables que incorporen almacenamiento tendrán prioridad de despacho, es decir, más facilidades para verter su producción a la red.
"Estas medidas son innovadoras y clave para agilizar los procesos administrativos y aliviar los cuellos de botella relacionados con la flexibilidad del sistema y el almacenamiento", destacó recientemente la vicepresidenta Aagesen. Añadió que se favorecerán especialmente los proyectos que integren baterías en ubicaciones ya ocupadas por instalaciones renovables, lo que reduce el impacto ambiental y extiende los beneficios de las renovables a más franjas horarias. Estas acciones complementan el programa de ayudas públicas de 700 millones de euros que el Gobierno ha puesto en marcha para apoyar el desarrollo de estas instalaciones.
Desde el Ejecutivo subrayan que el papel del almacenamiento será determinante para alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en lo que respecta a la seguridad del sistema, la integración de renovables y la descarbonización. El plan fija como meta una capacidad total de almacenamiento de 22.500 megavatios (MW) en 2030.
De esa cifra, unos 10.000 MW deberían proceder de tecnologías como las centrales hidroeléctricas de bombeo -que reutilizan agua en un ciclo cerrado para generar electricidad bajo demanda- y de plantas termosolares. Actualmente, están operativos unos 5.300 MW de bombeo, con otros 4.000 MW en distintas fases de tramitación, y alrededor de 2.300 MW de termosolar.
La parte más ambiciosa del plan verde es alcanzar 12.500 MW en grandes baterías en solo cinco años. No obstante, este apartado muestra un gran retraso: en la actualidad apenas hay 11 MW en operación, según Red Eléctrica de España, lo que convierte su implantación en un reto urgente. Por eso, las nuevas medidas buscan acelerar la puesta en marcha del gran número de proyectos que ya esperan autorización.