(El Economista, 18-09-2024) | Laboral
El acuerdo incluye cambios en la jubilación parcial, permitiendo compatibilizar salario y pensión, así como la jubilación anticipada por motivos profesionales, el papel de las mutuas colaboradoras en los diagnósticos de incapacidad temporal y la cotización de los trabajadores fijos-discontinuos. El presidente Pedro Sánchez y la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, firmarán el acuerdo logrado en julio tras el diálogo social, aunque ahora enfrentan las demandas de los grupos políticos en una Cámara Baja fragmentada.
El Gobierno se reunirá hoy a las 9:30 h con los representantes de la patronal y los sindicatos en el Palacio de La Moncloa, como es habitual en este tipo de reformas económicas. La firma del pacto podría representar un éxito político para Saiz, quien heredó la reforma anterior prácticamente finalizada por José Luis Escrivá. Sin embargo, el acuerdo no está asegurado en el Parlamento, donde la ministra deberá negociar con los socios tradicionales del Gobierno y con la oposición.
Partidos como ERC, Bildu y BNG ya expresaron sus discrepancias la semana pasada, cuando Saiz presentó la reforma en el Congreso. Estos grupos buscan modificar la normativa a cambio de su apoyo, mientras que el PP tampoco garantiza su voto favorable.
Sindicatos y patronales temen que el acuerdo alcanzado en el diálogo social sea insuficiente en el ámbito político. Les preocupa que las enmiendas de los partidos modifiquen la reforma y que la falta de mayoría del PSOE y el bloqueo legislativo en el Congreso pongan en riesgo la aprobación de la misma.
Los partidos tienen tanto el poder como los motivos para modificar la reforma a través de enmiendas. En el contexto político, los nacionalistas suelen aprovechar este tipo de reformas para obtener concesiones a cambio de su apoyo. Un ejemplo de ello fue cuando el PDeCat logró incluir tramos a la "cuota de solidaridad" en la reforma de pensiones anterior.
La rapidez con la que se ha abordado esta reforma ha impedido un trabajo político previo adecuado. El acuerdo no pasó por la Comisión Permanente del Pacto de Toledo hasta la semana pasada, cuando la ministra Saiz presentó su ponencia.
Uno de los aspectos que los grupos han criticado es la falta de una memoria económica que detalle el impacto financiero de las medidas en las cuentas públicas. Por ejemplo, la jubilación anticipada por motivos profesionales, peligrosidad o penosidad supone una pérdida de cotizaciones para la Seguridad Social y el pago de pensiones antes de la edad ordinaria.
La reforma de pensiones se centra en cuatro puntos principales: mejorar la compatibilidad entre pensión y trabajo; regular un nuevo procedimiento de acceso a la jubilación en empleos de alta peligrosidad; optimizar el uso de los recursos de las mutuas en procesos traumatológicos; y mejorar los coeficientes de cotización para los trabajadores fijos discontinuos.
El Gobierno y los agentes sociales han diseñado un marco que permite compatibilizar el salario con un porcentaje de la pensión, que podría llegar al 100% si el trabajador retrasa su jubilación cinco años. Además, se ofrece un aumento del 2% de la pensión por cada seis meses de retraso, en lugar del 4% por cada año, o la opción de recibir un pago único.
Uno de los puntos más complejos de explicar es el nuevo sistema de jubilación anticipada en trabajos peligrosos o penosos, que define las causas objetivas para acceder a esta modalidad más allá de los colectivos profesionales que ya se benefician de ella.
El Gobierno también permitirá que las mutuas colaboradoras se encarguen de los procesos traumatológicos de trabajadores en incapacidad temporal, con el consentimiento del empleado, para reducir las listas de espera en la sanidad pública. Los trabajadores fijos-discontinuos recuperan un coeficiente de 1,5 en sus días cotizados, lo que protege a empleados estacionales de sectores como la agricultura y la hostelería, facilitando su acceso a la jubilación.