(El Confidencial, 16-01-2026) | Laboral
En un contexto de marcada fragilidad parlamentaria, el Gobierno ha logrado esquivar en el último momento un nuevo conflicto con uno de sus socios clave, el PNV. El desencuentro giraba en torno al traspaso de cinco competencias acordadas el pasado 15 de julio entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales. La concreción final de estas transferencias ha permitido rebajar la tensión y reconducir la situación. Las competencias afectadas son las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social por cuidados familiares, las prestaciones contributivas por desempleo y los subsidios asistenciales del paro, el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo en materia de salud laboral, el seguro escolar y el salvamento marítimo.
El País Vasco gestionará las prestaciones de paro, y se hará cargo de la treintena de oficinas del Sepe y de sus más de 500 empleados en la comunidad. El traspaso, tras meses de divergencias, se firma este viernes, junto a otras 4 transferencias.
Durante las últimas semanas, la relación entre ambos ejecutivos se había ido deteriorando ante la inminente celebración de la Comisión Mixta de Transferencias, inicialmente prevista para mañana. La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, había advertido reiteradamente de que Euskadi no acudiría a la reunión si no se materializaban los compromisos asumidos en julio. En la misma línea, el presidente del PNV, Aitor Esteban, avisó de que, en caso de incumplimiento, su partido dejaría de mantener una actitud dialogante y actuaría en consecuencia.
Finalmente, este viernes el Gobierno vasco sí asistirá a la comisión, después de que el lehendakari confirmara su decisión tras analizar si los traspasos concretados respetan lo pactado en verano y se ajustan al Estatuto de Guernica. Con este movimiento, el Ejecutivo central evita una crisis que habría agravado aún más su debilidad en el Congreso, especialmente después de haber perdido el respaldo de Podemos y Junts, lo que le ha llevado a encadenar derrotas parlamentarias. La más reciente se produjo poco antes de Navidad, cuando la Cámara rechazó por segunda vez el techo de gasto, paso imprescindible para tramitar los Presupuestos Generales del Estado.
Pese a este acercamiento, las relaciones entre el Gobierno y el PNV distan de estar plenamente normalizadas. Desde el partido de Aitor Esteban recuerdan que este es solo un primer bloque de transferencias y que aún quedan pendientes otros traspasos necesarios para completar el desarrollo del Estatuto de Guernica. También reclaman nuevas reuniones bilaterales para avanzar en los compromisos pendientes.
En paralelo, el Congreso tiene prevista para el próximo 27 de enero una sesión plenaria de especial relevancia, en la que se debatirá y votará un real decreto-ley de amplio contenido. Entre sus medidas figuran la actualización de las pensiones para 2026, la extensión de las ayudas al transporte y la prórroga de la suspensión de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, vigente desde abril de 2020. Por ahora, el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios para su aprobación.
En el ámbito vasco, la tensión política persiste más allá del acuerdo puntual alcanzado. Las reticencias del Ejecutivo central a cumplir todos los compromisos adquiridos afectan al PSE, socio de gobierno del PNV en Euskadi, al poner en cuestión su implicación con el desarrollo del Estatuto de Guernica. Permanecen pendientes 16 materias, entre ellas competencias relacionadas con la Seguridad Social, el desempleo, los puertos y los aeropuertos.
Además, el panorama político vasco está fuertemente condicionado por EH Bildu, principal fuerza de la oposición en Euskadi y aliado habitual del Gobierno de Sánchez en el ámbito estatal. Su coordinador general, Arnaldo Otegi, planteó recientemente la creación de una candidatura conjunta vasca y navarra junto a otras fuerzas soberanistas, con un programa básico, para concurrir a las próximas elecciones generales y actuar de forma unitaria frente al Estado. El PNV rechaza esta propuesta y sostiene que resulta más plausible una alianza entre el PSOE y Bildu que un entendimiento entre Bildu y el propio PNV.
En este entramado de intereses cruzados entre Madrid y Vitoria, con el PNV y EH Bildu compartiendo apoyos al Gobierno central pero compitiendo en el ámbito autonómico, la política vasca se ha convertido en un delicado ejercicio de equilibrios. En este escenario, la formación que lidera Otegi parece moverse con mayor comodidad.