(El País, 19-11-2026) | Laboral
La aprobación del nuevo registro horario digital difícilmente llegará antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Pese a que Yolanda Díaz mantiene su intención de sacar adelante la reforma antes de que termine la legislatura, fuentes de Moncloa aseguran que el Gobierno no tiene previsto llevarla al Consejo de Ministros en las dos reuniones que quedan. El PSOE ha incorporado esta medida a su programa electoral, pero su aplicación queda aplazada a la próxima legislatura, siempre que los socialistas consigan reeditar una mayoría progresista.
El proyecto de reforzar el control de la jornada laboral cobró protagonismo después de que el Congreso rechazara, el 10 de septiembre de 2025, la reducción de la jornada máxima a 37,5 horas semanales, una de las principales propuestas del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar. Tras aquella votación, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que intentaría sacar adelante mediante decreto la parte de la reforma que permitía endurecer el registro horario. Desde su departamento defendían que un control digital efectivo, supervisado por la Inspección de Trabajo, podía contribuir a reducir las horas realmente trabajadas incluso más que una reducción legal de la jornada.
Catorce meses después, la iniciativa continúa bloqueada por las discrepancias dentro del Ejecutivo. El programa electoral del PSOE recoge el compromiso de implantar un registro horario digital que refleje las jornadas efectivamente realizadas, garantice el derecho al descanso y a la desconexión digital y refuerce la Inspección de Trabajo para perseguir los incumplimientos. Díaz aprovechó la publicación de este documento para reclamar su aprobación inmediata y recordó que el texto normativo está preparado. También acusó a los socialistas de obstaculizar su tramitación y aseguró que podría aprobarse incluso este viernes si existiera voluntad política.
Sin embargo, desde Moncloa insisten en que no está previsto someter la medida a aprobación antes de los comicios. La posición del PSOE es que se trata de un compromiso para la siguiente legislatura, mientras que la titular de Trabajo sigue defendiendo que todavía existe margen para sacarlo adelante antes de finalizar el mandato.
Las diferencias entre Díaz y el área económica del Gobierno vienen de lejos. Uno de los principales obstáculos surgió en marzo, cuando el Consejo de Estado emitió un dictamen muy crítico con el proyecto. El órgano consultivo cuestionó su adaptación a las particularidades de los distintos sectores, la carga administrativa adicional que supondría para las pequeñas y medianas empresas y la utilización de un reglamento para introducir cuestiones que, a su juicio, requerirían una modificación legislativa. También los departamentos de Economía, Función Pública y Protección de Datos formularon objeciones a distintos aspectos de la propuesta.
La ministra de Trabajo rechazó entonces las críticas y defendió la continuidad de la reforma, atribuyendo buena parte de las objeciones al análisis realizado por el Ministerio de Economía. En aquel momento aseguró que seguiría adelante con el nuevo registro horario, aunque posteriormente el tono del enfrentamiento se moderó.
En julio, los ministerios de Economía y Trabajo anunciaron un entendimiento para intentar aprobar la reforma en septiembre. El compromiso pretendía responder también a las exigencias de los sindicatos, que habían advertido de que no continuarían negociando con el Ejecutivo si la iniciativa volvía a quedar aplazada. Sin embargo, el plazo tampoco se cumplió y el Gobierno volvió a retrasar su aprobación. Díaz no responsabilizó entonces públicamente al PSOE y retomó sus críticas este lunes, después de anunciar que retiraba su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo.
El registro horario es obligatorio desde 2019, pero actualmente puede realizarse tanto en soporte digital como en papel. La reforma impulsada por Trabajo pretende que el sistema sea exclusivamente digital y que la Inspección pueda acceder directamente a los registros para comprobar en tiempo real el cumplimiento de la jornada laboral.
El departamento de Díaz había anunciado que introduciría algunos ajustes técnicos para responder a las observaciones del Consejo de Estado sin alterar el contenido esencial del acuerdo alcanzado con los sindicatos. Entre las cuestiones pendientes figuraba el plazo de adaptación para las empresas: Trabajo defendía un periodo de seis meses, mientras que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, proponía ampliarlo a un año para las pymes.
La patronal mantiene su rechazo al proyecto y comparte algunas de las objeciones planteadas por el Consejo de Estado. Considera que la reforma invade competencias legislativas y que debería debatirse en el Parlamento. Por este motivo, ha advertido de que recurrirá a los tribunales si el decreto se aprueba en los términos actuales. La propuesta, además, se ha alejado de su planteamiento inicial, que contemplaba incrementar las sanciones empresariales y calcularlas por cada trabajador afectado, en lugar de imponer una única multa por compañía. Esta modificación terminó descartándose al requerir respaldo legislativo.
El debate sobre el control de la jornada cobra especial relevancia por el volumen de horas extraordinarias que se realizan en España. Según los cálculos del gabinete económico de CC OO a partir de la Encuesta de Población Activa, los asalariados trabajan una media de 6,43 millones de horas extraordinarias cada semana. De ellas, 2,54 millones, cerca del 40%, no reciben compensación, mientras que las 3,89 millones restantes sí son retribuidas o compensadas.