(El Economista, 19-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este miércoles el decreto ley de medidas urgentes para reforzar la seguridad ferroviaria y proteger a los profesionales del sector, con el único voto en contra de Vox. También ha aprobado por unanimidad el paquete de ayudas destinado a los afectados por el accidente de Urda (Toledo).
El Gobierno aprobó el decreto de seguridad ferroviaria el pasado 10 de noviembre, en respuesta a las reivindicaciones sindicales planteadas tras el siniestro de Urda. Su convalidación ha salido adelante después de un debate en el que el PP ha relacionado los 116 fallecidos este año en los accidentes de Adamuz (Córdoba), Gelida (Barcelona) y Urda (Toledo) con la «corrupción» en el Ministerio de Transportes.
Los partidos de izquierda han reclamado al Ejecutivo que revise el modelo ferroviario español y recupere el control público del sistema. El PNV, por su parte, ha reprochado al Gobierno que haya tenido que producirse más de un accidente para adoptar medidas que, a su juicio, deberían haberse puesto en marcha en 2020.
Durante el debate, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, que asumió las competencias de Óscar Puente al frente de Transportes tras la dimisión de este seis días después del accidente, ha explicado que la nueva normativa reforzará las funciones de supervisión de la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria (AESF). Hasta ahora, ha señalado, su capacidad de actuación dependía en buena medida de la colaboración de las empresas sometidas a investigación.
Cuerpo también ha destacado el endurecimiento de la regulación sobre los tiempos de trabajo de los maquinistas. El decreto establece un límite máximo de seis horas de conducción, que incluye todo el periodo durante el cual el trabajador mantiene la responsabilidad sobre el vehículo, aunque no esté conduciendo directamente. En ese cómputo se incorporan las maniobras en movimiento, los trabajos realizados fuera de la red ferroviaria de interés general y las pausas inferiores a 45 minutos entre dos trayectos.
La norma, que introduce modificaciones en la Ley del Sector Ferroviario, también permite que los trabajadores que desempeñan funciones relacionadas con la seguridad operacional comuniquen posibles riesgos mediante canales internos o sistemas públicos de notificación que preserven su confidencialidad. Asimismo, reconoce el derecho de estos profesionales a adoptar medidas «necesarias» y «proporcionadas» cuando se encuentren ante un riesgo grave e inminente para la seguridad. Entre las actuaciones contempladas figuran detener la marcha de un tren o negarse a iniciar el recorrido, siempre que se informe de la decisión a los agentes correspondientes.
Por otro lado, el decreto ley que regula las ayudas directas a las víctimas del accidente de Urda establece una compensación de 72.121,46 euros por fallecimiento y cantidades de entre 2.404,04 y 84.141,70 euros en función de la gravedad de las lesiones. También contempla la posibilidad de anticipar esos importes a cuenta de las indemnizaciones que puedan corresponder, sin obligación de devolver la diferencia en caso de que la compensación definitiva sea inferior.
La norma determina además que las bajas laborales ocasionadas por el accidente se considerarán contingencias profesionales. Esto permitirá a los afectados cobrar la prestación desde el primer día y acceder a cuantías más elevadas. La misma consideración se extiende a las pensiones de incapacidad, muerte y supervivencia, así como a las prestaciones por incapacidad permanente parcial. En la defensa de estas medidas, Cuerpo ha subrayado que las ayudas tienen carácter complementario y buscan reducir los trámites y acelerar su llegada a los damnificados, sin que estos tengan que esperar a que concluyan los procedimientos judiciales actualmente abiertos.
El decreto incorpora, por último, un instrumento para contener los incrementos de precios de determinados bienes y servicios, como los alojamientos o los medios de transporte alternativos, cuando se producen situaciones de emergencia. Según ha explicado el ministro, no ha sido necesario recurrir a este mecanismo tras el accidente de Urda.