(El Economista, 15-06-2026) | Laboral
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) continúa creciendo de forma sostenida tanto en número de beneficiarios como en su impacto sobre las cuentas públicas. Los datos más recientes, correspondientes a mayo, muestran que el gasto mensual de esta prestación alcanzó los 500,16 millones de euros. Desde el inicio del año, el incremento acumulado se sitúa en torno al 9,27%, un ritmo superior al registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior, cuando el aumento fue del 6,52% con un gasto de 409,12 millones.
Este repunte del coste se explica principalmente por dos factores: la revalorización del 11,4% aplicada en 2026, que ha elevado la cuantía media de la ayuda, y el aumento del número de hogares beneficiarios. En términos interanuales, el gasto del IMV ha crecido un 22,07%, consolidando una tendencia al alza que se viene observando en los últimos ejercicios. En mayo de 2024, el coste mensual se situaba en 358,34 millones, frente a los 340,33 millones registrados en 2023, lo que refleja una expansión progresiva del programa.
El aumento de la prestación se traduce también en un mayor número de hogares cubiertos. En mayo, el IMV llegó a 2.631.545 hogares, un 7,78% más que al inicio del año. El número total de prestaciones reconocidas también ha aumentado hasta 862.859, con un crecimiento del 8,08%. A nivel presupuestario, el gasto acumulado del IMV a cierre de diciembre ascendía a 4.538,38 millones de euros, tras una modificación presupuestaria de 1.752,97 millones. En la actualidad, el coste anual se aproxima ya a los 5.000 millones, y según los datos de ejecución presupuestaria de la Seguridad Social, a finales de abril se había ejecutado casi el 61% del presupuesto inicial. Con la tendencia actual, el gasto podría acercarse a los 6.000 millones anuales.
En los últimos años, el Gobierno ha introducido mejoras en la gestión del IMV para ampliar su alcance y reducir la tasa de no solicitud de la ayuda (non take-up), mediante el cruce automatizado de datos entre administraciones y la simplificación de algunos procesos de revisión. Sin embargo, la proporción de hogares que cumplen los requisitos pero no solicitan la prestación sigue siendo elevada. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), esta tasa se situó en el 57% en 2021, el 58% en 2022, el 56,1% en 2023 y el 55% en 2024, lo que refleja una mejora muy gradual pero aún limitada.
El crecimiento del IMV ha reabierto el debate sobre sus efectos en el mercado laboral. En su evaluación más reciente, la AIReF señala que la prestación tiene un impacto negativo en la probabilidad de trabajar y en el número de días de empleo de sus beneficiarios. El organismo concluye que este efecto también se observa en quienes comenzaron a percibir la ayuda tras su implantación, lo que plantea dudas sobre su diseño actual y su capacidad para incentivar la inserción laboral.
En paralelo, el aumento del gasto se produce en un contexto de máximos históricos de empleo en España y tasas de paro inferiores a las de años anteriores. Aun así, el incremento de beneficiarios pone de manifiesto la persistencia de bolsas de vulnerabilidad económica y de hogares cuyos ingresos continúan por debajo del umbral de acceso a la prestación. Dentro del IMV, el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) también ha experimentado un notable crecimiento. En mayo alcanzó a 597.878 hogares, un 8,25% más que al inicio de 2026. En términos interanuales, el número de familias beneficiarias ha aumentado un 19,02%, y un 44,76% respecto a 2024.
Este complemento, destinado a reforzar los ingresos de los hogares con menores a cargo, se integra dentro del propio IMV y contribuye al incremento del gasto total. Las cuantías varían según la edad de los menores, con importes que oscilan entre 57,50 y 115 euros mensuales. No obstante, al igual que ocurre con el IMV en su conjunto, la tasa de no solicitud del CAPI sigue siendo elevada. Según la AIReF, se sitúa en el 76% en 2022, el 73% en 2023 y el 72% en 2024, lo que evidencia una ligera mejora, aunque insuficiente para garantizar un acceso amplio a la prestación.