(Expansión, 28-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El mecanismo instaurado por el Gobierno español tras la pandemia de Covid para supervisar las inversiones extranjeras en sectores "estratégicos" alcanzó un récord histórico en 2024, al analizar 147 operaciones, aunque solo una fue bloqueada: la adquisición del fabricante de trenes Talgo por el grupo húngaro Ganz Mavag.
De acuerdo con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa -organismo encargado de gestionar el llamado "escudo anti-opas"-, la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex) revisó un 50% más de operaciones en comparación con 2023, cuando examinó 97 transacciones. Desde su creación en 2020, cuando apenas afectó a 29 operaciones, la cantidad de inversiones sujetas a este control ha ido en aumento.
Este crecimiento se debe, por un lado, al mayor interés de los inversores extranjeros por el mercado español, pero también a la ampliación progresiva del alcance del escudo, sobre todo tras la aprobación de un nuevo decreto-ley en 2023.
La normativa actual considera "activos estratégicos" a sectores clave como las telecomunicaciones, la energía, la sanidad, la banca, los medios de comunicación, la defensa, la alimentación y cualquier actividad que maneje datos personales o sensibles.
Todo inversor procedente de fuera de la Unión Europea debe solicitar autorización para adquirir empresas en estos sectores. En el caso de compradores europeos, se requiere permiso si pretenden adquirir más del 10% de una empresa cotizada o invertir más de 500 millones de euros en una empresa no cotizada. Aunque el control a los inversores comunitarios es temporal, se ha extendido hasta finales de 2026.
El temor a incumplir esta normativa lleva a muchos compradores a solicitar autorización preventiva. De las 147 operaciones revisadas por la Jinvex -que incluye representantes del Centro Nacional de Inteligencia-, 42 fueron archivadas tras confirmarse que no afectaban a la seguridad, el orden o la salud públicos.
Otros 11 casos correspondieron a prórrogas de autorizaciones anteriores pendientes de ejecución. Del resto, 85 operaciones fueron aprobadas sin inconvenientes, 8 se autorizaron con condiciones (como la participación de BlackRock en Naturgy o la compra de Vodafone España por Zegona) y solo la adquisición de Talgo fue rechazada.
Aunque la mayoría de las operaciones supera el filtro, asesores legales advierten que este proceso puede retrasar las transacciones, generar incertidumbre y frenar operaciones de gran envergadura en sectores estratégicos. Un ejemplo es la entrada de STC en Telefónica, que no obtuvo luz verde hasta noviembre de 2024, pese a haberse anunciado en septiembre de 2023. Según el Gobierno, el plazo medio para resolver estos expedientes es de 72 días.
Paralelamente, el Ejecutivo también ha incrementado su activismo inversor mediante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), que ha adquirido participaciones relevantes en empresas como Telefónica e Indra.
De las 94 operaciones que finalmente requirieron autorización (sin contar las archivadas), 85 fueron elevadas al Consejo de Ministros y 9 fueron aprobadas directamente por la dirección general de Comercio e Inversiones, dado que su importe no superaba los 5 millones de euros.
En cuanto al origen de los inversores, los estadounidenses fueron los más vigilados, con 39 solicitudes de autorización, seguidos de los británicos con 12. Desde el resto de la UE se tramitaron únicamente 8 operaciones que cumplían los requisitos de control.
Según el Ministerio de Economía, "el control de inversiones responde a la necesidad de proteger la seguridad de la economía española, logrando un equilibrio efectivo entre salvaguardar el orden público, la seguridad y la salud, y fomentar la llegada de inversión extranjera como motor de crecimiento y empleo".