(El Confidencial, 12-05-2026) | Laboral
La Abogacía del Estado ha respaldado ante el Tribunal Supremo la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno, cuya aplicación ha sido recurrida por la vía contencioso-administrativa. El alto tribunal deberá pronunciarse en los próximos días sobre la petición de suspensión cautelar planteada por Hazte Oír, una medida a la que los servicios jurídicos del Ejecutivo se oponen al considerar que la norma genera efectos positivos tanto sociales como económicos.
En el escrito presentado ante el Supremo, la Abogacía del Estado sostiene que la concesión de autorizaciones de residencia permitirá a los beneficiarios acceder plenamente a los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, especialmente al derecho al trabajo. Según argumenta, esto favorecerá su integración social y contribuirá además a aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social gracias a su incorporación regular al mercado laboral.
El documento también rechaza que la regularización pueda provocar un deterioro en los servicios públicos o sanitarios. La defensa jurídica del Gobierno recuerda que las personas extranjeras afectadas por la medida ya residían en España antes del 1 de enero de 2026 y, por tanto, ya hacían uso de dichos servicios. Respecto a la atención sanitaria, añade que la legislación vigente garantiza el acceso a la sanidad con independencia de la situación administrativa de los inmigrantes.
La Abogacía advierte además de que una eventual paralización cautelar causaría perjuicios importantes y afectaría al interés público, dado que la norma ya está en vigor y produce efectos desde el día siguiente a su publicación. Según expone, suspenderla impediría su desarrollo dentro del plazo previsto, ya que la fecha límite para presentar solicitudes concluye el próximo 30 de junio.
Asimismo, sostiene que la suspensión perjudicaría gravemente a los potenciales beneficiarios, que perderían temporalmente la posibilidad de acceder a las autorizaciones administrativas contempladas en la regulación. El escrito explica que la medida pretende dar cobertura a personas que llevan tiempo residiendo en España y que, en muchos casos, ya participan de facto en el mercado laboral. Según la Abogacía del Estado, el objetivo es reducir situaciones de vulnerabilidad, reforzar la cohesión social y favorecer un crecimiento económico más inclusivo mediante la creación de una nueva fórmula de arraigo extraordinario.
También niega que la regularización genere efectos irreversibles, al tratarse de autorizaciones de naturaleza administrativa que no consolidan derechos permanentes y que incluso prevén mecanismos específicos para su extinción en determinados supuestos, aunque no exista una declaración formal de nulidad.
Por otro lado, la defensa del Ejecutivo descarta irregularidades en la tramitación del decreto y sostiene que la norma se elaboró siguiendo los procedimientos legalmente establecidos. Añade además que responde a una necesidad real derivada de la situación social actual y que constituye una medida proporcionada, adecuada y necesaria para afrontar esa realidad.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo analizará este miércoles la solicitud de suspensión cautelar presentada por Hazte Oír y por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, en una vista en la que estudiará los argumentos de ambas partes sobre la legalidad y los efectos de la regularización extraordinaria de inmigrantes.