(Expansión, 03-09-2026) | Laboral
El Gobierno no contempla una nueva actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) durante 2026, pese a la petición de los sindicatos para compensar la pérdida de poder adquisitivo provocada por el repunte de la inflación. Aunque la normativa permite, en circunstancias excepcionales, revisar el SMI a mitad de año si se produce una subida brusca de los precios, el Ministerio de Trabajo no prevé activar este mecanismo durante los próximos meses.
El departamento que dirige Yolanda Díaz sí prepara, en cambio, el proceso para determinar el incremento del SMI correspondiente a 2027. Como en ejercicios anteriores, el Gobierno encargará primero un informe al comité de expertos y trasladará posteriormente su propuesta a los sindicatos y a las organizaciones empresariales dentro de la mesa de diálogo social. La decisión final corresponde al Ejecutivo, que debe aprobarla mediante real decreto.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha reconocido la preocupación del Ministerio por el impacto que está teniendo la inflación sobre los ingresos de los trabajadores, tanto entre quienes perciben el SMI como entre aquellos cuyos salarios están determinados por convenio colectivo. Por ello, considera necesario continuar elevando el salario mínimo y tener en cuenta la evolución de los precios registrada durante los últimos meses a la hora de fijar la nueva cuantía para 2027.
Esta posición supone cerrar, al menos por ahora, la posibilidad de una subida extraordinaria del SMI en 2026, una medida que reclaman los sindicatos después de que la inflación haya superado las previsiones utilizadas para establecer el incremento del 3,1% aplicado este año. UGT considera que esta desviación justifica revisar la cuantía del salario mínimo y reclama la convocatoria inmediata de la mesa de diálogo social.
Las organizaciones sindicales también quieren aprovechar las próximas negociaciones con la patronal para establecer un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que permita recuperar poder adquisitivo y reducir las diferencias salariales entre sectores. Su propuesta pasa por fijar una referencia mínima de aumento salarial del 4% anual entre 2026 y 2028, junto con incrementos adicionales de entre el 1% y el 3% para los convenios cuyos salarios medios estén por debajo del promedio de la economía.
El SMI ha experimentado una fuerte revalorización desde 2018. En ese periodo ha pasado de 735,90 euros mensuales en 14 pagas a los 1.221 euros establecidos para 2026, lo que supone un aumento acumulado cercano al 66%. La evolución comenzó con el incremento del 22,3% aplicado en 2019, cuando el salario mínimo alcanzó los 900 euros, y continuó con sucesivas subidas hasta situarse en 950 euros en 2020, 965 en 2021, 1.000 en 2022, 1.080 en 2023, 1.134 en 2024 y 1.184 euros en 2025.
Esta política responde al objetivo del Ejecutivo de aproximar el salario mínimo al 60% del salario medio nacional, en línea con las recomendaciones de la Carta Social Europea. Sin embargo, la CEOE cuestiona que este porcentaje constituya una obligación y sostiene que el objetivo ya se ha alcanzado con holgura. De hecho, el salario mínimo ya representa más del 70% del sueldo medio en cerca de la mitad de las provincias españolas.