(El Economista, 30-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno pretende reforzar los mecanismos de prevención de la corrupción mediante el anteproyecto de Ley de Integridad Pública, aprobado esta semana por el Consejo de Ministros en segunda lectura. La iniciativa, cuyo recorrido parlamentario dependerá de la obtención de apoyos suficientes en las Cortes, apuesta por la digitalización completa de la gestión del gasto público y por la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para detectar posibles irregularidades en tiempo real, al tiempo que endurece las medidas para perseguir los delitos y recuperar los fondos públicos desviados.
La norma contempla que los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial supervisen de forma automatizada la posible existencia de conflictos de interés dentro de la Administración General del Estado. Para ello, establece la digitalización obligatoria de todos los expedientes y documentos relacionados con el gasto público, desde su registro contable inicial hasta la autorización definitiva del pago.
Con el fin de facilitar este control, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) elaborará un catálogo único y estandarizado con la documentación que deberá integrar cada expediente. A partir de ese modelo común, los sistemas informáticos incorporarán controles automáticos capaces de detectar errores formales, inconsistencias o defectos documentales, bloqueando aquellos expedientes que no cumplan los requisitos antes de que puedan generar un desembolso de fondos públicos.
Toda la información recopilada se integrará en una base de datos centralizada sobre el gasto del Estado. Sobre este repositorio se aplicarán tecnologías de análisis masivo de datos y algoritmos avanzados para elaborar mapas de riesgo y detectar patrones anómalos. El sistema toma como referencia el modelo desarrollado con la herramienta MINERVA, utilizada para supervisar la ejecución de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En materia de contratación pública, la inteligencia artificial analizará la actuación de los órganos de contratación, de las mesas encargadas de valorar las ofertas y de los responsables de las adjudicaciones. En el ámbito de las subvenciones, el control alcanzará tanto a los órganos concedentes como a las comisiones de evaluación. La supervisión automatizada también se extenderá a los procesos de selección de personal, oposiciones y actuaciones relacionadas con la ordenación del territorio.
Como requisito obligatorio, todas las personas que participen en estos procedimientos deberán firmar una Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI). La IGAE asumirá el análisis automatizado en los expedientes de contratación y subvenciones, mientras que las Inspecciones de Servicios de cada ministerio serán las encargadas de supervisar los procedimientos relacionados con los recursos humanos.
El anteproyecto establece igualmente límites al uso de la inteligencia artificial para garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos. Los algoritmos no podrán adoptar decisiones ni determinar responsabilidades administrativas o penales, funciones que seguirán correspondiendo exclusivamente a las autoridades competentes. Su utilización quedará restringida a la detección de riesgos, la identificación de patrones sospechosos y la emisión de alertas preventivas.
Además, las herramientas tecnológicas que emplee la futura Agencia Independiente de Integridad Pública deberán someterse a auditorías periódicas, garantizar la trazabilidad de sus decisiones, respetar la normativa de protección de datos y mantener en todo momento la supervisión humana.
El texto también incorpora medidas para reforzar el control sobre la externalización y privatización de servicios públicos esenciales. En estos casos será obligatorio evaluar previamente los riesgos asociados a la gestión privada de recursos públicos con el objetivo de incrementar la transparencia y prevenir posibles irregularidades en la contratación.
En el ámbito societario, la futura ley plantea aumentar la transparencia empresarial mediante la inscripción obligatoria en una sección específica del Registro Mercantil de todas las participaciones sociales, con independencia de su porcentaje. Asimismo, cualquier transmisión o gravamen sobre dichas participaciones deberá quedar registrado electrónicamente. Con esta medida se busca mejorar la identificación de la titularidad real de las empresas y reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales.