(El Economista, 27-02-2026) | Laboral
La reforma laboral pactada a finales de 2021 entre organizaciones empresariales, sindicatos y el Ministerio de Trabajo establecía que el Ejecutivo debía evaluar en enero de 2025 el impacto de las medidas destinadas a reducir la temporalidad. Sin embargo, no fue hasta abril cuando la ministra Yolanda Díaz presentó el equipo encargado de elaborar ese análisis, cuyo informe -según ha trascendido- se ha entregado esta semana y no incluye la participación de la patronal CEOE.
La comisión estaba formada por expertos designados por los ministerios de Economía y Seguridad Social, la Oficina Económica de Moncloa, los sindicatos CCOO y UGT, y en un principio también por representantes de Cepyme y CEOE. Su misión consistía en estudiar la evolución de los contratos temporales e indefinidos y calcular la tasa de temporalidad global y por sectores. No obstante, la patronal abandonó el grupo en las primeras reuniones al considerar que se estaban ampliando los objetivos iniciales del análisis.
Fuentes consultadas señalan que el documento se ha cerrado con un elevado grado de consenso y con una valoración mayoritariamente favorable, al concluir que la reforma ha logrado reducir la temporalidad en el sector privado. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de temporalidad en las empresas terminó 2025 en el 12,4%, mientras que la tasa general se situó en el 15,1%, su nivel más bajo hasta la fecha.
El informe no analiza la situación del empleo público, donde la temporalidad sigue siendo más elevada y eleva la media global. Este fue uno de los argumentos utilizados por CEOE para retirarse de la comisión, al considerar que se estaba señalando injustamente a las empresas pese a su esfuerzo por generar empleo estable.
Además de estudiar los datos de contratación -tal como preveía el acuerdo de 2021-, el grupo ha incorporado otros factores como la estabilidad real del empleo o el peso del trabajo a tiempo parcial, lo que ha dado lugar a una serie de propuestas orientadas a mejorar la regulación laboral. El contenido completo no se conocerá hasta que el Ministerio de Trabajo lo haga público, algo que aún no tiene fecha oficial.
En la presentación del foro, Díaz había anunciado que el borrador estaría listo en octubre y publicado en diciembre, pero la entrega definitiva no se ha producido hasta ahora, por lo que su difusión no se prevé antes de marzo. Esta demora fue criticada por CEOE y Cepyme, que ya se desmarcaron del proceso desde el inicio y denunciaron un enfoque que, a su juicio, perjudicaba la imagen de empresas y sectores.
Aunque el informe se publicará sin la participación de una de las partes firmantes de la reforma, sus conclusiones podrían tener consecuencias prácticas. Si detecta sectores donde la temporalidad no ha disminuido lo suficiente, el Gobierno estaría obligado a plantear nuevas medidas para corregirlo, lo que explica la reticencia empresarial a ampliar el análisis más allá de los contratos temporales.
Por último, el retraso en la elaboración y entrega del estudio implica que la siguiente evaluación no se realizará hasta 2028, ya después de las próximas elecciones generales, en las que Díaz ya ha anunciado que no será candidata de la nueva plataforma política situada a la izquierda del PSOE.