(El País, 11-06-2025) | Laboral
España enfrenta un serio problema de exceso de temporalidad en el empleo público, con una tasa que supera el 30%, muy por encima del 8% comprometido con la Unión Europea. Esta situación, que podría acarrear sanciones desde Bruselas, ha llevado al Gobierno a trabajar junto a las comunidades autónomas y los ayuntamientos en una serie de medidas para combatir la precariedad laboral en las Administraciones Públicas.
Según fuentes consultadas por El País, el plan incluye la elaboración de estrategias de personal a medio y largo plazo por parte de los departamentos de recursos humanos de los organismos públicos. Estas estrategias deberán prever las necesidades de personal con varios años de antelación, dentro de un marco coordinado por la Secretaría de Estado de Función Pública -dependiente del Ministerio para la Transformación Digital- y canalizado a través de la Comisión de Coordinación del Empleo Público.
Entre las medidas que se están estudiando también figura limitar el uso de contratos temporales, reduciendo su atractivo. Para ello, se contempla una definición legal más estricta de las causas que justifiquen este tipo de contratación. Además, se prevé crear un registro detallado de empleados temporales en todas las administraciones, con un sistema de alertas que avise cuando un contrato esté a punto de finalizar. De esta forma, se pretende evitar la prolongación indebida de contratos temporales, una práctica habitual que puede constituir un fraude de ley.
Si los responsables de personal no cesaran a tiempo a los empleados temporales o intentaran alargar estos contratos de manera irregular, podrían enfrentarse a sanciones disciplinarias, una medida solicitada en múltiples ocasiones por sindicatos como CSIF.
Este problema estructural persiste pese a los esfuerzos para reducir la temporalidad. Mientras que en el sector privado la tasa ha descendido al 12,1% tras la reforma laboral de 2022, en el sector público uno de cada tres trabajadores sigue en situación temporal. Según datos del Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, más del 32% de los tres millones de empleados públicos tienen un contrato eventual. La temporalidad se concentra especialmente en las comunidades autónomas (40%) y en los entes locales (35,8%). En contraste, la Administración General del Estado mantiene una temporalidad mucho menor, del 4,7%, cumpliendo con los estándares exigidos.
Para hacer frente a esta situación, el Gobierno aprobó en 2021 una ley de medidas urgentes que impulsaba procesos de estabilización del empleo público temporal, pactada con Bruselas, y con un plazo de ejecución que expiraba el 31 de diciembre de 2024. La norma preveía la convocatoria de concursos-oposición para convertir plazas temporales en fijas, siempre respetando los principios de mérito y capacidad. El objetivo era que la temporalidad se redujera por debajo del 8% de las plazas estructurales.
Hasta la fecha, se han convocado 513.000 plazas dentro de estos procesos, de las cuales ya se han cubierto unas 365.000. Esto ha permitido al Gobierno cumplir con el compromiso de estabilizar al menos 300.000 empleos antes de la fecha límite. Sin embargo, este esfuerzo no ha logrado reducir la tasa de temporalidad al objetivo marcado. En un escenario normal, esta regularización debería haber llevado el porcentaje hasta el 17-18%, una cifra que el Ejecutivo considera estructural, ya que es el resultado del tiempo que transcurre entre que se detecta una necesidad y se cubre oficialmente una plaza.
No obstante, la temporalidad sigue en niveles muy altos porque, al mismo tiempo que se desarrollan los procesos de estabilización, las administraciones autonómicas y locales continúan realizando nuevas contrataciones temporales, sobre todo de personal interino, para cubrir servicios básicos. De hecho, según los datos de julio de 2024, el número de empleados públicos temporales superaba los 800.000, unos 173.000 más que dos años antes, a pesar de las miles de plazas ya regularizadas.