(El Economista, 13-07-2026) | Fiscal
El Gobierno ha recurrido al artículo 134 de la Constitución para vetar diversas enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto de ley que modifica la Ley General Tributaria, al considerar que su aprobación reduciría los ingresos públicos en aproximadamente 10.017 millones de euros anuales. Esta prerrogativa constitucional permite al Ejecutivo impedir la tramitación de iniciativas parlamentarias que supongan una disminución de la recaudación o un aumento del gasto presupuestario. En este caso, el veto afecta a propuestas dirigidas a actualizar el IRPF conforme a la inflación, reducir determinados tipos de IVA, eliminar algunos impuestos o introducir nuevas deducciones fiscales.
La norma que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso comenzó su recorrido parlamentario en el verano de 2025 con un objetivo principalmente técnico: adaptar la Ley General Tributaria para reforzar el control sobre los criptoactivos. Entre otras medidas, contempla nuevas herramientas para que la Agencia Tributaria pueda embargar criptomonedas y saldos depositados en entidades de pago y de dinero electrónico, modificar los plazos de prescripción en los procedimientos de derivación de responsabilidad y exigir a los proveedores extranjeros de servicios relacionados con monedas digitales que informen sobre los activos de contribuyentes residentes en España. Además, incorpora cambios en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para incluir a Extremadura en el sistema de autoliquidación.
No obstante, durante su tramitación parlamentaria los distintos grupos han registrado más de 70 enmiendas que amplían considerablemente el alcance del proyecto, convirtiéndolo en un debate de mayor calado sobre política fiscal. El documento con el veto del Ejecutivo fue presentado el pasado 22 de junio por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Entre las propuestas rechazadas figura una enmienda del Partido Popular que planteaba actualizar los tres primeros tramos del IRPF conforme a la inflación para evitar que la subida de precios incrementara la carga tributaria de las rentas más bajas. También proponía revisar en la misma proporción las deducciones por maternidad, familia numerosa y personas con discapacidad a cargo. Según los cálculos del Gobierno, estas medidas reducirían la recaudación en unos 529 millones de euros anuales.
El Ejecutivo también ha vetado varias iniciativas del Bloque Nacionalista Galego destinadas a reducir el IVA en distintos productos y servicios. Entre ellas figuraban la aplicación del tipo superreducido del 4% a los pañales para adultos y a las actividades culturales y espectáculos, la rebaja del IVA del 21% al 10% para peluquerías, barberías y centros de estética, la eliminación del impuesto sobre los productos pesqueros y la reducción al 10% del gravamen aplicable a los servicios veterinarios.
Asimismo, el Gobierno ha rechazado otras propuestas de la formación gallega, como la eliminación del impuesto sobre los servicios de distribución de agua, calor, frío y energía, una medida que, según sus estimaciones, supondría una pérdida de ingresos cercana a los 3.910 millones de euros anuales. También ha bloqueado la exención en el IRPF de determinadas pensiones públicas percibidas desde el extranjero, cuyo impacto recaudatorio se cifra en unos 1.260 millones de euros.
Entre las iniciativas vetadas también se encuentran varias enmiendas registradas por Sumar. El grupo proponía elevar hasta el importe del Salario Mínimo Interprofesional el límite de renta que permite aplicar las deducciones por descendientes y ascendientes a cargo, actualmente fijado en 8.000 euros anuales. El Ejecutivo estima que esta modificación tendría un coste de 157 millones de euros. Igualmente, ha rechazado ampliar la deducción por cónyuge con discapacidad y declarar exentas determinadas ayudas familiares y subvenciones destinadas a actuaciones de eficiencia energética.
Por último, el Gobierno ha impedido la tramitación de varias propuestas de Junts, entre ellas la creación de una deducción en el IRPF por la contratación de seguros privados de salud, la posibilidad de que pymes y trabajadores autónomos pudieran deducirse el Impuesto sobre Actividades Económicas y la supresión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. En conjunto, estas medidas habrían reducido los ingresos públicos en unos 2.525 millones de euros anuales, según las estimaciones del Ejecutivo.