(El Economista, 04-07-2024) | Mercantil, civil y administrativo
A medida que avanzan los días, se revelan más detalles del nuevo convenio de mutualismo para España. Aunque aún no se conocen los detalles económicos (presupuestos generales, primas, etc.), el Gobierno ha informado a las aseguradoras sobre un cambio significativo: el próximo contrato tendrá una duración de dos años en lugar de los tres actuales. Según fuentes del sector asegurador, esta reducción en la duración es negativa para las empresas en términos de beneficios económicos, ya que limita el margen para aumentar las primas.
Si bien estas primeras comunicaciones del Gobierno a las aseguradoras no han mitigado el clima de rechazo generado por las pérdidas del contrato anterior que expira el 31 de diciembre, hay otro aspecto que genera preocupación en algunas compañías. Las nuevas regulaciones europeas obligan a las empresas multinacionales a contabilizar todas las pérdidas de un contrato plurianual en el primer año, lo que podría ser especialmente perjudicial para empresas como DKV, llevándolas a reconsiderar su participación en el nuevo convenio.
Queda pendiente la parte fundamental del nuevo convenio, que estará vigente en 2025 y 2026: el monto que el Estado pagará por cada funcionario suscrito a Muface, Mugeju o Isfas. Además, el informe técnico e independiente que debía estar listo antes de este verano y que debería establecer el valor del sistema mutualista en España no estará publicado antes de la renovación del contrato. En diciembre de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez encargó a la AIReF un estudio sobre Muface para establecer las reglas presupuestarias del próximo convenio. Sin embargo, la AIReF decidió externalizar el trabajo, adjudicándolo a la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI) y al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud por un valor de 328.103,6 euros.
Fuentes cercanas a la renovación del convenio aseguran que estas dos entidades no finalizarán el trabajo a tiempo. Se esperaba que el informe estuviera listo entre septiembre y octubre, pero ahora se confirma que no estará disponible antes de diciembre. Es decir, el Gobierno establecerá un presupuesto para el siguiente convenio sin contar con una evaluación independiente que considere también las pérdidas recurrentes de las tres compañías que sostienen el modelo: Adeslas, Asisa y DKV.
Las aseguradoras insisten en que la inversión del Gobierno debe aumentar drásticamente. "Aceptamos una rebaja del 20% sobre el gasto per cápita público, pero no menos porque entonces no es sostenible", explican fuentes cercanas a las conversaciones. Además, desean evitar soluciones temporales. "Sería conveniente indexar las primas al indicador mencionado", añaden.
El último dato oficial sobre el gasto per cápita público, correspondiente al año 2022, es de 1.674 euros (excluyendo el gasto farmacéutico). Según las aseguradoras, las primas pagadas por el Estado por cada funcionario afiliado rondan los 900 euros, por lo que una reducción del 20% sobre el gasto sanitario per cápita implicaría aumentar la prima un 50%, hasta los 1.350 euros. En términos globales, esto significaría inyectar unos 1.800 millones de euros al sistema de mutualismo.