(El País, 19-10-2026) | Laboral
El Gobierno prepara una nueva batería de medidas sociales que pretende aprobar en los Consejos de Ministros de las próximas semanas, antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El Ejecutivo quiere mantener la actividad legislativa hasta los comicios, siguiendo la intención expresada por Pedro Sánchez el día en que anunció el adelanto electoral. La estrategia, denominada internamente «martes sociales», contempla sacar adelante iniciativas de distintos ministerios que habían quedado pendientes.
El Consejo de Ministros de esta semana incluirá un paquete relevante de medidas impulsadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las propuestas se tramitarán mediante un real decreto-ley, por lo que deberán ser convalidadas en el plazo de un mes por la Diputación Permanente del Congreso. Esta vía permite al Ejecutivo someter las medidas a votación sin necesidad de reunir al pleno de la Cámara. Según el planteamiento descrito, el Gobierno confía en contar con los apoyos necesarios de las formaciones de izquierda y del PNV, sin depender de los votos de Junts.
Entre las iniciativas previstas figura la ampliación de la incapacidad temporal para las mujeres que padezcan patologías asociadas a la menopausia. También se reforzará la protección económica de las víctimas de violencia de género durante las bajas médicas. En estos casos, la prestación será del 60% de la base reguladora hasta el vigésimo día y del 75% a partir de entonces. La empresa abonará la retribución correspondiente al primer día de baja, mientras que la Seguridad Social asumirá el pago de la prestación desde ese momento.
El decreto también mejorará las ayudas destinadas a madres y padres que deban cuidar de hijos menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves. Ambos progenitores podrán percibir la prestación de forma simultánea o alterna. Además, en situaciones de especial vulnerabilidad, el derecho podrá prolongarse más allá de los 26 años cuando la persona afectada tenga reconocida una dependencia de grado III o una discapacidad especialmente elevada.
Otra de las novedades afectará a las pensiones de viudedad de las parejas de hecho. La existencia de hijos en común pasará a ser suficiente para acreditar la relación a efectos del acceso a esta prestación, con el objetivo de evitar los problemas que se estaban produciendo con los requisitos de acreditación. Asimismo, las solicitudes que hayan sido denegadas podrán revisarse durante los 12 meses siguientes.
El paquete incluirá también una mejora de las pensiones extraordinarias concedidas a las víctimas de actos terroristas. La cuantía mínima se elevará hasta el equivalente a dos salarios mínimos interprofesionales, es decir, 2.442 euros, lo que representa un incremento del 36% respecto al umbral anterior.
La protección de los huérfanos por violencia de género será otro de los ámbitos reforzados. Las prestaciones contributivas contarán con una cuantía mínima equivalente a dos veces el SMI, mientras que las ayudas no contributivas también podrán alcanzar ese límite, con el propósito de mejorar la cobertura económica de estos menores.
Por último, el Ejecutivo prevé ampliar el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, destinado a proteger a los menores cuando uno de sus progenitores incumple sus obligaciones económicas. La cuantía máxima de los anticipos por beneficiario se triplicará, pasando de 100 a 300 euros. También se ampliará el periodo durante el que podrán percibirse estas ayudas.
Con estas iniciativas, el Gobierno pretende reforzar la protección social de distintos colectivos antes de la convocatoria electoral, mediante cambios que afectan a las bajas médicas, las pensiones, las prestaciones por cuidados y las ayudas destinadas a menores en situaciones de vulnerabilidad.