(El Economista, 28-01-2026) | Laboral
Los extranjeros en situación administrativa irregular que soliciten acogerse al proceso de regularización aprobado este martes por el Consejo de Ministros podrán incorporarse al mercado laboral en cuanto su solicitud sea admitida a trámite. Así lo ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras anunciar que el Ejecutivo ha aprobado por la vía de urgencia un real decreto que permitirá obtener el permiso de residencia a quienes hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025.
El nuevo reglamento establece una serie de requisitos. Los solicitantes de una autorización de residencia temporal deberán demostrar una permanencia continuada en el país de al menos cinco meses, haber entrado en territorio español antes de la fecha límite fijada y no contar con antecedentes penales ni representar un riesgo para el orden público. En el caso de las personas que hayan pedido protección internacional, deberán acreditar que su solicitud fue presentada antes del 31 de diciembre de 2025. La estancia en España podrá justificarse mediante cualquier tipo de documento, ya sea público, privado o una combinación de ambos.
En la práctica, la medida regulariza a quienes ya se encontraban en España antes de comenzar este año. Según explicó la ministra tras el Consejo de Ministros, el plazo para presentar solicitudes se abrirá previsiblemente a comienzos de abril y permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026. De acuerdo con el Ministerio de Inclusión, la autorización permitirá trabajar en cualquier punto del territorio nacional y en cualquier sector económico. Además, aunque el plazo máximo de resolución será de tres meses, bastará con que la solicitud sea admitida a trámite -un proceso que se resolverá en un máximo de 15 días- para que la persona pueda empezar a trabajar de inmediato.
El permiso tendrá una validez de un año y, una vez finalizado ese periodo, los beneficiarios deberán acceder a otras vías de residencia previstas en el Reglamento de Extranjería. El real decreto es fruto de un acuerdo con Podemos, formación que calcula que la medida permitirá regularizar la situación de al menos 500.000 personas que actualmente residen en España sin autorización administrativa, una estimación que también comparte el Gobierno.
No obstante, un informe publicado este mismo martes por Funcas eleva esa cifra. Según sus cálculos, en enero de 2025 el número de extranjeros en situación irregular podría haber alcanzado los 840.000, lo que representaría el 17,2% del total de población inmigrante procedente de países extracomunitarios. El estudio, titulado La población extranjera en situación irregular, subraya además que desde 2017 se ha producido un crecimiento constante de este colectivo. En aquel año, según sus estimaciones, el número de personas en situación irregular apenas superaba las 100.000.