(La Vanguardia, 27-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde al anteproyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, una norma que adapta a España el marco regulatorio europeo y fija las obligaciones que deberán cumplir las herramientas de IA. El texto contempla sanciones que pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual de la empresa infractora.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, defendió una visión "humanista" de la inteligencia artificial y vinculó esta filosofía con las recientes reflexiones del Papa sobre la necesidad de proteger los derechos humanos frente al avance tecnológico. Según el ministro, España se ha situado a la vanguardia europea en materia de regulación de la IA.
Uno de los ejes centrales de la futura ley será la clasificación de los sistemas de inteligencia artificial en función de su nivel de riesgo, siguiendo el modelo impulsado por la Unión Europea. La norma establece además un régimen sancionador específico para los usos considerados más graves.
Entre las prácticas expresamente prohibidas figuran la utilización de inteligencia artificial para crear deepfakes de carácter sexual y la generación de pornografía infantil. El Gobierno considera que estas limitaciones representan un avance importante en la protección de los menores y de los derechos fundamentales.
El ministro subrayó también la importancia de que los ciudadanos conozcan que estas prácticas están prohibidas y puedan denunciarlas si detectan casos de uso ilícito. En las infracciones catalogadas como muy graves, las multas podrán llegar a los 35 millones de euros o al 7% del volumen de negocio anual de la compañía sancionada.
La futura legislación exigirá además que los contenidos generados mediante inteligencia artificial estén claramente identificados, con el objetivo de reforzar la transparencia y evitar engaños o manipulaciones. Otro de los elementos previstos es la puesta en marcha de un "sandbox" regulatorio, un entorno de pruebas destinado a que empresas y desarrolladores puedan experimentar y validar nuevos sistemas de inteligencia artificial bajo supervisión antes de su despliegue comercial.
Durante la comparecencia, Óscar López anunció asimismo que el Gobierno ha aprobado una nueva licencia de televisión para el grupo Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo, impulsado por José Miguel Contreras y Andrés Varela Entrecanales, accionistas que en el pasado mantuvieron un enfrentamiento con Joseph Oughourlian en el grupo Prisa.