(La Vanguardia, 08-07-2026) | Fiscal
El Gobierno ha dado un nuevo paso en la preparación de los Presupuestos Generales del Estado al aprobar en el Consejo de Ministros un techo de gasto de 226.032 millones de euros para 2027, la cifra más elevada de la historia. El límite de gasto no financiero aumenta un 6,6% respecto al fijado para el ejercicio anterior, cuando se situó en torno a los 212.000 millones de euros, y servirá de base para la elaboración de las nuevas cuentas públicas.
Junto al techo de gasto, el Ejecutivo ha aprobado también los objetivos de estabilidad presupuestaria para el periodo 2027-2029, aunque estos deberán ser ratificados por el Congreso y el Senado. El Gobierno afronta esta votación sin tener garantizados los apoyos parlamentarios necesarios, por lo que la aprobación de la senda fiscal se presenta como uno de los principales obstáculos para sacar adelante los Presupuestos.
El techo de gasto establece el límite máximo de los gastos no financieros del Estado y constituye uno de los principales instrumentos de disciplina presupuestaria. Aunque el incremento previsto para 2027 es inferior al registrado el año anterior, cuando aumentó un 8,5%, responde al buen comportamiento de la economía española, cuyas previsiones de crecimiento han sido revisadas recientemente al alza hasta el 2,6%.
Durante la negociación interna del Gobierno, el grupo Sumar defendió una mayor expansión del gasto aprovechando la mejora de las previsiones económicas. Finalmente, el techo aprobado incorpora un margen adicional de aproximadamente 1.500 millones de euros respecto a la propuesta inicial presentada por el Ministerio de Hacienda, fruto de las conversaciones mantenidas entre los socios de la coalición.
Mientras que el techo de gasto no requiere autorización parlamentaria, la senda de déficit y deuda sí debe ser aprobada por las Cortes. Si el Parlamento rechazara los objetivos de estabilidad, el Ejecutivo dispondría de un mes para presentar una nueva propuesta.
La senda fiscal mantiene para 2027 un objetivo de déficit del 1,8% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas. De ese porcentaje, el Estado asumirá un déficit del 1,5%; las comunidades autónomas dispondrán de un margen del 0,1%; la Seguridad Social registrará un déficit del 0,2%; y las corporaciones locales deberán mantener el equilibrio presupuestario.
El Ejecutivo prevé continuar reduciendo el déficit en los años siguientes, hasta el 1,6% del PIB en 2028 y el 1,5% en 2029. Según el Ministerio de Hacienda, será la Administración General del Estado la que soporte el mayor esfuerzo de consolidación fiscal durante ese periodo.
El Gobierno también ha fijado la evolución de la regla de gasto para las administraciones públicas. El crecimiento del gasto computable no podrá superar el 4% en 2027, el 3,8% en 2028 y el 3,6% en 2029, una senda diseñada para compatibilizar el crecimiento del gasto público con el cumplimiento de los compromisos fiscales asumidos con la Unión Europea.
En materia de deuda pública, el Ejecutivo mantiene su previsión de continuar reduciendo el peso del endeudamiento sobre la economía. La ratio de deuda respecto al PIB pasaría del 99,1% previsto para este año al 97,6% en 2027, para descender posteriormente al 96,4% en 2028 y al 95,3% en 2029. El Gobierno confía en alcanzar estos objetivos principalmente gracias al crecimiento económico y a la evolución favorable del empleo y del consumo.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió que las comunidades autónomas recibirán en 2027 un volumen récord de recursos procedentes del sistema de financiación, con un incremento cercano al 8%, y recordó que parte del déficit estatal corresponde a las transferencias destinadas a financiar las pensiones y a la recaudación del nuevo impuesto a la banca, cuyos ingresos se transferirán íntegramente a las comunidades autónomas.
La tramitación parlamentaria de los Presupuestos continúa siendo uno de los principales desafíos del Ejecutivo, que acumula varios ejercicios sin lograr aprobar unas nuevas cuentas. La fragmentación del Congreso y la falta de una mayoría estable dificultan el proceso legislativo, aunque el Gobierno mantiene su intención de someter la senda de estabilidad a votación durante el mes de julio y aprobar el proyecto de Presupuestos en el Consejo de Ministros tras el verano para remitirlo posteriormente a las Cortes.