(El País, 16-11-2026) | Laboral
El Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes ha acordado tramitar por la vía de urgencia la revalorización de las pensiones para el próximo año. Se trata de un procedimiento que el Ejecutivo utiliza habitualmente para agilizar la aprobación del decreto ley que establece la actualización de las prestaciones y que, en esta ocasión, se ha anunciado coincidiendo con el primer día de la campaña electoral.
Aunque este trámite administrativo suele pasar inadvertido, en anteriores ejercicios apenas tuvo repercusión pública. De hecho, el año pasado ni siquiera fue mencionado por la entonces portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros que autorizó su tramitación. La entonces ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, tampoco intervino en aquella rueda de prensa.
En esta ocasión, sin embargo, Saiz sí ha destacado la decisión del Ejecutivo, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones generales. La ministra ha avanzado que las pensiones experimentarán una subida de entre el 3% y el 4%, aunque ha precisado que será necesario esperar a conocer el dato definitivo de inflación para determinar el porcentaje exacto.
La revalorización se calcula tomando como referencia la media de las tasas interanuales del Índice de Precios de Consumo (IPC) correspondientes a los doce meses anteriores a diciembre, según el mecanismo establecido legalmente. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el avance de la inflación de noviembre el último día de la campaña electoral, el viernes 27. Este será el último dato necesario para calcular la actualización. Si mantiene una evolución similar a la de los meses precedentes, el incremento de las prestaciones podría situarse alrededor del 3,6%.
El Gobierno estudió la posibilidad de aprobar la subida antes de las elecciones del 29 de noviembre, pero finalmente descartó esta opción por las dificultades técnicas y administrativas que planteaba. La Seguridad Social utiliza habitualmente los datos definitivos de inflación para calcular la revalorización. Aunque el 27 de noviembre se conocerá el indicador adelantado de noviembre, la cifra definitiva no se publicará hasta el 15 de diciembre, una vez celebrados los comicios, de acuerdo con el calendario estadístico del INE.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya había señalado a mediados de octubre que el Ejecutivo pretendía aplicar la actualización conforme al IPC una vez celebradas las elecciones. Según explicó entonces, la intención era aprobarla durante diciembre, incluso con el Gobierno en funciones, justificando la urgencia por la necesidad de garantizar que las prestaciones estuvieran actualizadas antes de finalizar el año.
La vinculación de las pensiones a la evolución de los precios quedó establecida en la reforma aprobada por el Gobierno de coalición en 2021, que eliminó el factor de sostenibilidad implantado durante el mandato de Mariano Rajoy. Aquella norma contó con el rechazo del PP y Vox.
La actualización de las prestaciones suele aprobarse en el último Consejo de Ministros del año y posteriormente debe someterse a convalidación en el Congreso. En los dos últimos ejercicios, los decretos que incluían la subida fueron rechazados inicialmente por la mayoría parlamentaria de derechas, al incorporar también otras medidas que generaron discrepancias. En ambos casos, el Gobierno terminó aprobando nuevos textos que separaban la revalorización de las disposiciones cuestionadas, por lo que las nóminas de los pensionistas no llegaron a verse afectadas.
Las pensiones se han convertido también en uno de los asuntos destacados de la campaña electoral, especialmente después de las recientes declaraciones de representantes de la derecha sobre la sostenibilidad del sistema público. El diputado de Vox José María Figaredo calificó el modelo actual de «zombi» y defendió avanzar hacia un sistema que combine el reparto con la capitalización privada. Posteriormente, la diputada del PP Ester Muñoz advirtió de que el sistema podía «petar» y reclamó una reforma en profundidad.
Los dirigentes de ambas formaciones han tratado de moderar el alcance de estas declaraciones y han reiterado su compromiso con los pensionistas y con la actualización de las prestaciones. No obstante, existen diferencias en sus propuestas electorales. El PP recoge expresamente en su programa el compromiso de revalorizar las pensiones conforme al IPC, mientras que Vox no incorpora de forma explícita esa garantía en su documento electoral.
Por su parte, el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha planteado reforzar constitucionalmente este mecanismo para garantizar que las pensiones mantengan su poder adquisitivo mediante su actualización conforme a la inflación.