(La Razón, 11-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto que asegura el acceso a la sanidad pública para las personas extranjeras que residen en España sin permiso de residencia, con el objetivo de reforzar el carácter universal del Sistema Nacional de Salud y eliminar obstáculos administrativos que dificultaban la atención.
La norma, impulsada por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, busca corregir los problemas de aplicación desigual y la carga burocrática derivados del Real Decreto-ley 7/2018, aprobado durante el Gobierno de Pedro Sánchez para restablecer el acceso universal que había sido restringido por el Real Decreto-ley 16/2012 impulsado por el Ejecutivo del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy.
El nuevo decreto simplifica el procedimiento para obtener el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria mediante una declaración responsable. En este documento, la persona solicitante declara que no dispone de cobertura sanitaria por otra vía, que no puede trasladar ese derecho desde otro país y que no existe ninguna entidad obligada a hacerse cargo del coste de la atención. Tras presentar la solicitud, se entregará un documento provisional que permitirá acceder de inmediato a los servicios de la sanidad pública en cualquier comunidad autónoma.
Además de esa declaración, será necesario demostrar la residencia en España. El certificado de empadronamiento será el principal medio de acreditación, aunque el sistema se flexibiliza permitiendo otras pruebas, como certificados de escolarización en centros públicos, informes de los servicios sociales, registros de visitas a estos servicios, facturas de suministros como electricidad, gas, agua, teléfono o internet a nombre del solicitante, así como documentos de inscripción consular.
La Administración contará con un plazo máximo de tres meses para resolver la solicitud. Si pasado ese tiempo no se ha emitido respuesta, la petición se considerará aceptada por silencio administrativo. Una vez reconocido el derecho, el documento que acredita la asistencia sanitaria se mantendrá vigente mientras la persona no obtenga cobertura sanitaria por otra vía.
La norma también establece que las administraciones deberán iniciar el procedimiento de oficio cuando la persona interesada no pueda hacerlo en el momento inicial. Asimismo, se incorporan medidas de apoyo y formatos de lectura fácil para que las personas con discapacidad puedan comprender y firmar la declaración responsable en igualdad de condiciones.
El real decreto garantiza el acceso inmediato a la atención sanitaria pública para determinados colectivos considerados especialmente vulnerables, independientemente de su situación administrativa. Entre ellos se encuentran los menores de edad, las mujeres embarazadas -con derecho a atención durante el embarazo, el parto y el posparto, así como al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo- y las víctimas de violencia de género, agresiones sexuales o trata de personas.
El derecho a la asistencia sanitaria también se reconoce a quienes soliciten protección internacional o temporal. En el caso de personas que se encuentren en España de forma temporal y necesiten atención médica, se contempla la emisión de un informe de vulnerabilidad especial elaborado por los servicios sociales de las comunidades autónomas. Además, se prevén medidas para garantizar que las personas con discapacidad dispongan de formatos accesibles y apoyo para realizar los trámites necesarios.
Por otro lado, el decreto amplía el acceso a la sanidad pública a los españoles de origen que residen en el extranjero cuando se desplacen temporalmente a España. Hasta ahora, este derecho estaba limitado principalmente a pensionistas o trabajadores, pero con la nueva regulación se extiende a todos los españoles de origen y a sus familiares -incluidos cónyuges, parejas de hecho y descendientes dependientes- siempre que no dispongan de cobertura sanitaria a través de convenios internacionales o de la normativa de seguridad social.