(El País, 22-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno ha dado luz verde este martes al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con el objetivo de afrontar los problemas del sector en los próximos cuatro años. El programa, que no necesita pasar por el Congreso y cuenta con una inversión sin precedentes de 7.000 millones de euros -tres veces más que el anterior-, ha sido aprobado por el Consejo de Ministros tras varios meses desde que se adelantaran sus principales líneas en septiembre de 2025. Entre sus novedades destacan la garantía de que las viviendas protegidas financiadas con fondos públicos mantendrán ese carácter de forma permanente y el incremento de las ayudas para construir vivienda pública, destinada en su mayoría al alquiler con un máximo de 900 euros mensuales.
La ministra de Vivienda ha defendido que este plan responde a una demanda social creciente y busca consolidar la vivienda como un pilar fundamental del Estado del bienestar, con la intención de ofrecer soluciones duraderas y evitar que esta problemática se repita en el futuro. Aunque ya ha sido aprobado, todavía deberán firmarse acuerdos con las comunidades autónomas, por lo que su aplicación efectiva no comenzará hasta julio.
El plan mantiene la financiación anunciada, con un 60% aportado por el Estado y un 40% por las comunidades autónomas. Los recursos se destinarán a tres grandes objetivos: construir nuevas viviendas, rehabilitar las existentes y garantizar el acceso a la vivienda frente a la especulación.
El nuevo enfoque introduce cambios relevantes en la política pública, con mayor control, transparencia y protección del parque residencial financiado con dinero público. El Ejecutivo lo presenta como una respuesta a deficiencias históricas, recordando que en las últimas décadas muchas viviendas protegidas acabaron en el mercado libre, lo que redujo el parque público disponible. A partir de ahora, cualquier vivienda financiada con fondos estatales deberá mantener su función social de manera indefinida.
También se refuerzan los controles en la asignación de viviendas mediante criterios objetivos y verificables, con el fin de evitar irregularidades. Además, el Ministerio se reserva mecanismos de supervisión para garantizar el cumplimiento de estas normas. Otro de los ejes del plan es mejorar la transparencia en el mercado del alquiler. Para ello, las comunidades autónomas deberán crear en el plazo de un año un registro de fianzas que permita conocer datos reales sobre contratos, precios, rotación de inquilinos y evolución de la oferta, con el objetivo de disponer de información fiable y reducir la opacidad.
En cuanto a la gestión, se prevé un seguimiento continuo a través de un grupo de trabajo dentro del Consejo Asesor de Vivienda, que evaluará anualmente la ejecución del plan y podrá formular recomendaciones. Las medidas se estructuran en tres ámbitos principales: construcción, rehabilitación y protección. En el primero, se incrementan notablemente las ayudas para levantar vivienda pública o protegida, con subvenciones de hasta 85.000 euros por vivienda, el doble que en el plan anterior. Estas viviendas estarán orientadas sobre todo al alquiler y mantendrán su carácter protegido de forma permanente, aunque en municipios pequeños también se permitirá la venta bajo ciertas condiciones.
El plan también impulsa nuevas formas de construcción más industrializadas, con incentivos adicionales, y contempla ayudas mayores en zonas con alta demanda, donde la financiación por vivienda puede superar los 100.000 euros. Para ampliar rápidamente el parque público, se destinarán fondos a la compra de viviendas ya existentes, cubriendo hasta el 70% del coste, porcentaje que aumenta en áreas tensionadas. Asimismo, se fomenta que propietarios privados cedan sus viviendas a la Administración para destinarlas a alquiler asequible, especialmente en zonas rurales.
En materia de rehabilitación, se incluyen ayudas para mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y el estado de los edificios, con importes que pueden superar los 20.000 euros por vivienda. También se incentiva la recuperación de viviendas vacías, siempre que se incorporen al mercado de alquiler asequible.
El plan refuerza además el apoyo a colectivos vulnerables, con ayudas al alquiler para jóvenes y facilidades para la compra en municipios pequeños. También amplía la cobertura para víctimas de violencia de género y personas en situación de vulnerabilidad, garantizando soluciones habitacionales inmediatas. El calendario prevé que, tras su aprobación en abril de 2026, los acuerdos con las comunidades se cierren en primavera y la puesta en marcha efectiva tenga lugar en la segunda mitad del año.
El documento final es el resultado de un proceso de diálogo con comunidades autónomas, entidades y expertos, en el que se han incorporado cientos de aportaciones. Este proceso participativo ha retrasado su aprobación respecto a los plazos inicialmente previstos, que apuntaban a finales de 2025.