(El Mundo, 14-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación urgente de dos reales decretos para crear 700 nuevas plazas de jueces y fiscales en 2027. De ellas, 500 corresponderán a la carrera judicial, lo que permitirá ampliar la planta judicial un 7,8%, mientras que las 200 restantes se incorporarán al Ministerio Fiscal, cuya plantilla aumentará un 6,6%.

La medida da continuidad a la política de refuerzo de los efectivos judiciales y fiscales impulsada por el Gobierno y forma parte del proceso de transformación de la Justicia promovido por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Esta estrategia combina cambios procesales y organizativos con la digitalización para mejorar la capacidad de respuesta del servicio público ante las necesidades actuales y futuras.

De las 500 nuevas plazas judiciales, 172 se destinarán a la jurisdicción civil, con 102 para los tribunales de instancia y 70 para las audiencias provinciales. La jurisdicción social contará con 109 nuevos puestos y la penal, con 69. Además, se crearán 87 plazas para reforzar órganos mixtos de audiencias provinciales y tribunales de instancia en provincias y localidades de menor tamaño, junto con otras 42 de adscripción territorial, que podrán trasladarse en función de la evolución de las cargas de trabajo.

El plan incluye también 11 plazas para las secciones de Violencia sobre la Mujer y seis para las especializadas en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. En el caso de la violencia machista, el Gobierno destaca el avance de la especialización durante la legislatura, con un incremento del 55,4% de las plazas, que han pasado de 121 a 188.

Por primera vez, se crearán ocho plazas para presidencias liberadas de tribunales de instancia, destinadas exclusivamente a coordinar la organización de estos órganos, unificar criterios y mejorar su funcionamiento. Este modelo, implantado ya en las principales ciudades españolas, se extenderá a Murcia, Almería, Córdoba, Granada, A Coruña, Vigo, Santander y Valladolid. Asimismo, la Audiencia Nacional incorporará cuatro nuevas plazas.

Por comunidades autónomas, Andalucía y Catalunya recibirán 94 plazas judiciales cada una, seguidas de Madrid, con 74, y la Comunitat Valenciana, con 53. La distribución responde a las necesidades de refuerzo identificadas en cada territorio.

Las 200 nuevas plazas fiscales se repartirán entre las comunidades autónomas y los órganos centrales. Catalunya contará con 47 nuevos fiscales, un aumento del 9,9% de su plantilla, mientras que Andalucía incorporará 31, con un crecimiento del 5,6%, y Madrid sumará 26, un 6,9% más. En términos porcentuales, Canarias registrará el mayor incremento, con 13 nuevas plazas, que elevarán sus efectivos un 8,9%.

La asignación de los nuevos puestos se ha realizado atendiendo a criterios como la carga de trabajo, el volumen de litigios y la población. El Ministerio trasladará la propuesta al Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con competencias transferidas y los tribunales superiores de Justicia para recabar sus observaciones y propuestas.

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