(El Confidencial, 19-12-2025) | Laboral
Los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales volverán a alcanzar un máximo histórico en 2026, impulsados tanto por el aumento del empleo y de los salarios como por las medidas adoptadas para sostener el creciente gasto en pensiones. De acuerdo con las previsiones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones incluidas en la orden que fija las bases de cotización, la recaudación por este concepto ascenderá el próximo año a 189.800 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% respecto al ejercicio anterior y un nuevo récord. En términos absolutos, serían 12.486 millones de euros más que lo estimado para 2025.
Si se cumplen estas previsiones, las cotizaciones sociales crecerán muy por encima tanto del avance del empleo como del aumento del PIB nominal, que el cuadro macroeconómico del Ministerio de Economía sitúa en el 2,2% y el 4,3%, respectivamente. Como consecuencia, el peso de las cotizaciones sobre el PIB alcanzaría el 10,8%, también un máximo histórico. Además, el aumento previsto del 7% incluso aceleraría ligeramente el ritmo observado en 2025 -cuando el crecimiento fue del 6,8% en los diez primeros meses- pese a que se espera una menor expansión económica.
Del incremento total de 12.486 millones de euros, alrededor del 8,5% (1.062 millones) procederá del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que aportaría 5.298 millones, y de la cuota de solidaridad, con unos ingresos adicionales de 567 millones. Ambos conceptos se actualizan cada año para reforzar los recursos destinados al Fondo de Reserva de la Seguridad Social y al sistema de pensiones. A ello se suma el impacto del destope gradual de las bases máximas de cotización, que en 2026 se situarán en 5.101,20 euros mensuales, lo que añadirá aproximadamente otros 1.000 millones de euros. En conjunto, estas medidas explican en torno al 11,5% del aumento anual de la recaudación.
El resto del crecimiento se atribuye a la creación de empleo y a las subidas salariales, aunque estas también están condicionadas por decisiones del propio Gobierno. Parte del aumento de las bases de cotización que impulsa la recaudación deriva de la actualización anual del salario mínimo interprofesional -aún pendiente de concretar- y del incremento de los sueldos de los empleados públicos, del 2,5% en 2025 y, al menos, del 1,5% en 2026.
En conjunto, las reformas y medidas adoptadas en el mercado laboral influyen de forma directa e indirecta en los ingresos por cotizaciones sociales. Sin embargo, ni siquiera con estas cifras récord y con unas transferencias iniciales previstas de la Administración Central de 22.881 millones de euros para 2026 se logrará equilibrar las cuentas de la Seguridad Social. El Ministerio de Hacienda prevé un déficit del 0,2% del PIB para el sistema tanto en 2026 como en 2027, el mismo nivel estimado para 2025.
Las cotizaciones evolucionan en línea con lo previsto en la reforma de 2023 impulsada por José Luis Escrivá, pero siguen siendo insuficientes para cubrir el gasto en pensiones. Según las estimaciones del IVIE, el desembolso en pensiones crecerá en 2026 un 5,8%, hasta alcanzar los 229.491 millones de euros, teniendo en cuenta la revalorización de las prestaciones contributivas y no contributivas, el aumento del número de pensionistas y el efecto sustitución.
Este desfase ya se produjo en 2025 y no bastó para corregir el desequilibrio financiero de la Seguridad Social. Parte del alivio se diluye por el fuerte incremento del gasto en prestaciones por incapacidad temporal. Además, los ingresos adicionales procedentes del MEI se destinan al Fondo de Reserva, en lugar de emplearse para sufragar el pago mensual de las pensiones.
La persistencia del déficit en los próximos ejercicios obligará a aumentar las transferencias desde la Administración Central para atender los pagos ordinarios y a recurrir a préstamos puntuales para cubrir las pagas extraordinarias, lo que seguirá incrementando la deuda del sistema de la Seguridad Social.
Históricamente, España se ha caracterizado por un peso elevado de las cotizaciones sociales a cargo de las empresas en comparación con otros países europeos y economías avanzadas. Según el último informe de la OCDE, en 2024 las cotizaciones empresariales representaron el 25,9% del total de la recaudación fiscal, el tercer porcentaje más alto del conjunto analizado, solo por detrás de la República Checa y Estonia. En contraste, la aportación de los trabajadores fue relativamente reducida, con un 5,3% del total, situando a España entre los países con menor peso de las cotizaciones a cargo del empleado.
En términos agregados, las cotizaciones sociales recaudadas en España no son especialmente elevadas, pero su evolución difiere de la media de la Unión Europea y de la de muchos países del entorno. Según Eurostat, las "cotizaciones sociales netas" -que incluyen también las aportaciones a fondos privados y otros sistemas- alcanzaron en 2024 el 13,2% del PIB en España, frente al 14% de la media comunitaria.
Esta diferencia se ha ido reduciendo con el paso del tiempo. En 1995, primer año con datos disponibles, las cotizaciones sociales representaban el 12,2% del PIB en España, frente al 15,8% en la UE. Desde entonces, el aumento de la ratio española ha recaído fundamentalmente sobre las aportaciones empresariales.